Una tarifa social para los consorcios de edificios

El aumento de precios de los servicios públicos domiciliarios alcanzó valores que superan ampliamente los ingresos medios de la población entre enero del 2016 y el mismo mes de 2019. El aumento del suministro de Agua implicó un 582%, el servicio de electricidad 1317% y la distribución de gas 797%.

Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, muchas de las tareas se comenzaron a realizar desde los hogares, con lo que esta situación derivó en una suba en los consumos de energía, de gas y electricidad. Esta circunstancia se entremezcla con las altas facturas que se corresponden con las llegada del invierno, en donde las facturas reflejan la suba en el consumo y por lo tanto el valor que los consorcios deben afrontar.  Según cifras oficiales de Enargas, el crecimiento del consumo fue un 12,2% mayor que el mismo período en el año anterior.

En el caso de los edificios Electro Intensivos, aquellos cuya única fuente de energía proviene de la energía eléctrica, las facturas del electricidad alcanzan valores altísimos, difíciles de costear por parte de las unidades de aquellos consorcios.

Desde la implementación de las actualizaciones tarifarias, a principios del año 2016, la figura de la Tarifa Social fue creada de manera que el acceso a los servicios básicos domiciliario no se vea medido por el incremento de los precios en los cuadros tarifarios una vez que el Estado Nacional disminuyó hasta la eliminación o su transferencia a las jurisdicciones subnacionales de los subsidios a la producción de estos.

Los servicios comunes de los edificios consumen estas energías y se las factura a una tarifa normal haciendo que el perceptor del beneficio deba abonar sus expensas a un valor que le produce una carestía. Los Estados deben garantizar la generalidad de estas prestaciones.