Una propuesta para que nadie se quede en la calle

A casi diez años de la sanción de la Ley de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en riesgo a la Situación de Calle, continuan las dificultades para acceder a una solución que se adapte a sus necesidades.

Teniendo en cuenta la situación antes descripta y las consecuencias económicas que la pandemia trajo y traerá en la mayor parte de la población con especial impacto en los sectores más vulnerados, la diputada de la Ciudad Lorena Pokoik presentó un proyecto de ley, con el objetivo de establecer una instancia más ágil para acceder al apoyo habitacional implementado por el Poder Ejecutivo, y un subsidio para evitar la inminencia de que más personas se vean obligadas a abandonar sus hogares y a quedar en la calle a causa de su situación económica, dado el drama que ello implica.

La confección y actualización permanente por parte del Gobierno Porteño de un registro de todos los establecimientos que brinden alojamiento transitorio ahorra a las propias personas en situación de calle el paso de conseguir los presupuestos, permitiéndoles un mejor acceso al programa. Además, facilita llevar un mejor control de las condiciones de habitabilidad de cada establecimiento y resuelve el problema del aumento de los alquileres, dado que el propio Gobierno de la Ciudad tendrá la información sobre dicho incremento, por lo que podrá ajustar el valor del subsidio en función de esos nuevos precios.

En diciembre de 2010, esta Legislatura sancionó la ley 3706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en riesgo a la Situación de Calle. Esta norma significó un paso importante, ya que institucionalizó un marco básico de derechos para esta población sumamente vulnerada.

La ley define a las personas en situación de calle como “los hombres o mujeres adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u origen que habiten en la calle o espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno”. En tanto, define a las personas en riesgo de situación de calle a “los hombres o mujeres adultos o grupo familiar, sin distinción de género u origen, que padezcan al menos una de las siguientes situaciones: que se encuentren en instituciones de las cuales egresarán en un tiempo determinado y estén en situación de vulnerabilidad habitacional. Que se encuentren debidamente notificados de resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo. Que habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento”

La norma establece diversas obligaciones que debe cumplir el Estado para garantizar los derechos de la población destinataria. Entre ellos, se destacan “la remoción de obstáculos que impiden a las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle la plena garantía y protección de sus derechos, así como el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario” y la “formulación e implementación de políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, esparcimiento y cultura elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos del estado”.

Sabemos que se trata de una población que en muchos casos requiere diversos abordajes bio-psico-sociales y que por diversas situaciones, algunas de estas personas no se sienten cómodas en los paradores y hogares del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que para ellas no son ámbitos adaptados para su forma de vida.

En 2006, el Gobierno Porteño creó a través del decreto 690/06 el programa de Apoyo Habitacional, que consiste en un subsidio mensual destinado a conseguir una solución habitacional transitoria, o bien un subsidio abonado por única vez para las personas que pueden acceder a una vivienda definitiva. Uno de los requisitos exigidos por el Poder Ejecutivo para obtener el subsidio es la presentación de tres presupuestos de hoteles donde puedan alojarse en caso de ser aprobado el ingreso al programa de apoyo habitacional. Según hemos podido constatar en recorridas realizadas desde nuestro despacho y en reuniones con organizaciones de personas en situación de calle, la mayoría de los/las solicitantes del subsidio ven demorado el trámite ya que muchos de los hoteles no les entregan los presupuestos pedidos por el Gobierno de la Ciudad. Esta situación acentuó sus consecuencias a partir de marzo con la irrupción de la pandemia por el Covid-19, porque muchas personas que intentan gestionar el subsidio no pueden conseguirlo por ese requisito formal, y al hecho traumático de vivir en la calle se le sumó entonces la desesperación de verse expuestas al contagio del virus.

Otro problema planteado desde hace años por las organizaciones que trabajan la temática de las personas en situación de calle es que el monto del subsidio no alcanza a cubrir el costo de alquiler de los hoteles disponibles en la Ciudad de Buenos Aires. La última modificación del monto del subsidio se hizo en marzo de 2019 a través del decreto 108/2019. A partir de entonces, el monto del subsidio es de hasta 8 mil pesos mensuales. Si bien en marzo de este año el Poder Ejecutivo dictó la resolución 381/2020 que otorgó una prestación económica extraordinaria de 3 mil pesos a las personas que cobran el subsidio habitacional, que fue prorrogada hasta junio a través de la resolución N° 609/MDHYHGC/20, se aclara en el texto que se abonará por única vez, en el mes de junio del corriente año. Esto implica que si no se vuelve a dictar una nueva normativa con un nuevo aporte extraordinario, las personas en situación de calle se encontrarán en serios problemas para poder acceder a una solución habitacional.

El derecho humano a una vivienda digna y adecuada consiste en el derecho que tienen todas las personas a vivir en condiciones de seguridad, paz y dignidad en alguna parte. No debe interpretarse restrictivamente equiparandolo con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un techo, sino que deben incluirse diversos aspectos tales como la habitabilidad, la disponibilidad de servicios e infraestructura, gastos de vivienda soportables, entre otros.

En conclusión, la emergencia social, económica y habitacional que afronta la ciudad de Buenos Aires requiere políticas públicas integrales que tengan en cuenta, por sobre todo, brindar soluciones a las personas que tienen menos oportunidades. La calle no es un lugar para vivir, y mucho menos ahora, cuando se deben tomar todos los recaudos para proteger a la población de una pandemia global cuyo único modo de prevenir su contagio es el aislamiento y la higiene.