Una ley para reconocer a las escuelas comunitarias

Proponen brindar un marco normativo a los “Bachilleratos Populares de Jóvenes y Adultos” surgidos luego de la crisis argentina de fines de la década de 1990.

La propuesta presentada por el diputado de la Ciudad, Maximiliano Ferraro, propone brindar legitimidad a las experiencias que se llevan a cabo, permitiendo que los proyectos que emergen en el formato de “Bachilleres Populares” se transformen en  instituciones que fueron  forjadas en los procesos sociales.

El reconocimiento y la expansión de la experiencia de los Bachilleratos Populares expresó la capacidad por parte de sus representantes para vincularse estratégicamente con determinadas instituciones educativas gubernamentales e instalar este tipo de formación dentro del abanico de modalidades educativas avaladas desde el Estado. Ante este escenario, ciertos sectores de la población debieron forjar nuevas experiencias con el objetivo de satisfacer necesidades y expectativas que desde los organismos públicos ya no se atendían, por lo que la experiencia de los Bachilleratos Populares expresó -y expresa- la articulación entre sectores vulnerables, educadores, militantes y organizaciones sociales.

Los Bachilleratos Populares de Jóvenes y Adultos desarrollan un proyecto socioeducativo que constituye una forma de escuelas de gestión social, contempladas en la Ley de Educación Nacional, que reúnen una serie de características que las diferencian de las escuelas de gestión estatal y de gestión privada.

El presente proyecto tiene como objetivo, brindar un marco normativo a los “Bachilleratos Populares de Jóvenes y Adultos“. Y además brindar legitimidad a las experiencias que se llevan a cabo, permitiendo que los proyectos que emergen en el formato de “Bachilleres Populares” se transformen en  instituciones que fueron  forjadas en los procesos sociales.

Como antecedente de la experiencia mencionada,  se puede ver que a partir del retorno de la democracia, las distintas leyes educativas sancionadas permitieron que los diferentes actores sociales tuvieran acceso formalmente universal a la instrucción oficial y que el Estado debiera asegurar dicho acceso a los actores implicados. De este modo, y en esta línea, se puede observar que  la expansión del sistema educativo  fue acompañada por un creciente proceso de diferenciación, segmentación y desarticulación del acceso a éste. De esta manera, la universalización de la obligatoriedad escolar enmascaró una legitimación de la diferenciación.

Es así que, como plantea el pedagogo Paulo Freire- se trata de un proyecto educativo que busca transformar al alumno en educando, es decir, en actor que conoce los contenidos que recibe, lejos del modelo que lo supone como depositario o tabla rasa. El tipo de construcción del conocimiento que allí se defiende se propone como dialógico entre estudiantes y docentes, como acto en el cual se reconoce a cada sujeto como poseedor de una complejidad y variedad de saberes que lo identifican. Paralelamente, el modo de organización institucional que se propone es horizontal, en el que las decisiones son tomadas colectivamente por docentes y alumnos mediante asambleas.

Posteriormente, entre 2004 y 2005, y mientras continuaba la creación de bachilleratos, comenzó a impulsarse la oficialización de los títulos impartidos por éstos. También, la demanda de conseguir financiamiento desde el Estado. A partir de estas premisas, se logró que los Bachilleratos Populares fueran reconocidos como órganos educativos de gestión social, término mencionado por primera vez en la Ley de Educación Nacional de 2006, que incorporó en su clasificación tradicional -que distinguía sólo escuelas de gestión pública y escuelas de gestión privada- a escuelas de gestión cooperativa y de gestión social. Se propuso como horizonte, al mismo tiempo, instalar el proyecto político-pedagógico de los bachilleratos dentro del sistema educativo público.

Es así, que, el 4 de junio de 2010, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creó el Registro de Bachilleratos Populares, mediante el que reconoce los títulos otorgados por los bachilleratos registrados y sienta las bases para la ampliación de sus alcances y demandas. El texto de la Resolución Nro. 279/09 del GCBA había fundamentado esta decisión institucional al expresar que “(…) las escuelas de gestión social se caracterizan por la gratuidad y la atención de sectores de la población en situación de riesgo educativo, organizan y adecuan su funcionamiento a un proyecto socio-educativo que contempla la realidad y el medio geográfico en que se desarrolla, a fin de dar respuesta a las necesidades de sus estudiantes; (…) estas unidades educativas son impulsadas y autogestionadas por organizaciones sociales, asociaciones civiles sin fines de lucro, fábricas y/o empresas recuperadas y cooperativas (…)”.

Para otorgarles el reconocimiento y su integración dentro del sistema educativo del GCABA, resulta necesario la adopción de ciertos mecanismos legales que garanticen el cumplimiento de pautas generales establecidas por el Estado, que es el que, en definitiva acredita, evalúa, regula y controla su gestión, de modo indelegable.

Dentro de las experiencias y proyectos que cuenta la CABA, las unidades educativas son impulsadas y autogestionadas por organizaciones sociales, asociaciones civiles sin fines de lucro, fábricas y/o empresas recuperadas y cooperativas.

La propuesta del presidente de la Comisión de Educación en la Legislatura, Maximiliano Ferraro, consiste en generar un marco normativo que pueda regular estas diversas experiencias y avanzar en un proceso incorporación en el sistema educativo, respetando las principales características del trabajo que vienen desarrollando.

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