UNA LEY HIDROCARBURÍFERA

La nueva Ley de Hidrocarburos –sancionada en la madrugada del 30/10 en el Congreso y promulgada inmediatamente por la Presidencia– modifica la Ley de Hidrocarburos 17.319/67 ratificando y ampliando los beneficios del decreto 929/13, ya otorgados a Chevron. Regalías a la baja, libre disponibilidad del 20% de la producción y sus divisas, plazos de concesiones hasta agotamiento, etc.

La ley no considera la importancia de cuidar los recursos hidrocarburíferos, que son estratégicos y no renovables. En cambio, su objetivo declarado es “atraer inversiones” (Página/12, 17/9/2014) que priorizan su máxima ganancia, a costa incluso de desperdiciar recursos naturales y descuidar el medio ambiente. No es una política improvisada. Es parte de una política neodesarrollista planificada, pero contraria a un desarrollo nacional independiente.

 

Secreto a voces

 

El domingo siguiente a la aprobación de la ley, el diario La Nación denunció que Chevron había condicionado sus inversiones a que se modificaran primero ciertas condiciones y leyes. Esto estaría estipulado entre las cláusulas secretas de los acuerdos firmados entre Chevron e YPF. Luego del acuerdo entre ambas empresas el año pasado, se aprobaron el decreto 1208/13 y la ley 2687 en la provincia de Neuquén, el decreto nacional 929/13 y ahora la ley 27.007 que modifica la 17.319/67, todas normas referentes a la producción de petróleo y gas. Una de las condiciones de los acuerdos firmados fue establecer jurisdicción extranjera en caso de litigio entre YPF y Chevron (igual que como ha hecho el gobierno en los canjes de deuda externa).

El gobierno pretendió defenderse aduciendo que las cláusulas son “de confidencialidad” (secretas) porque constituyen acuerdos entre privados (casarosada.gov.ar, 10/11/2013). Como YPF es una Sociedad Anónima no está regida por el derecho administrativo (que sí rige para las instituciones públicas). Esto fue establecido taxativamente en el artículo 15 de la ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012. Con esta forma jurídica YPF viene evitando responder a los pedidos de informes realizados por legisladores. “Bien” planificado. Dicho de otra forma: el presidente y CEO Miguel Galuccio y el directorio de YPF deben rendir cuentas ante los accionistas, pero no ante el Congreso o el pueblo. Para esto han evitado que YPF vuelva a ser Sociedad del Estado.

Otra curiosa respuesta fue que “no hay ni un decreto ni una ley para favorecer exclusivamente a Chevron” (Comunicado de YPF SA, 10/11/2014). Claro… también benefician a Bridas (de Bulgheroni y la china CNOOC), la francesa Total, Lázaro Baez, Eurnekian y todo petrolero que busque extraer superganancias de nuestro subsuelo.

 

Vaca gorda

 

Las cifras del reservorio de Vaca Muerta son monumentales. Según uno de los primeros informes publicado en la página de YPF, las reservas potenciales superarían los 22 mil millones de barriles de petróleo equivalentes (sumando gas y petróleo). Estas reservas potenciales equivalen a cincuenta veces la producción anual en Argentina y su precio total supería varias veces el producto bruto argentino. Otras estimaciones afirman que las reservas en realidad serían varias veces superiores.

Claro que el pequeño detalle son también las grandes inversiones necesarias para poner en producción este recurso: más de diez mil millones de dólares por año. Una cifra imponente. Pero no tanto si se lo compara con los 13 mil millones que la Argentina ya viene pagando por año en importación de energía, producto de haber sostenido la estructura privada de producción hidrocarburífera.

El gobierno no apostó a retomar los pasos de una YPF estatal para una producción nacional soberana. En cambio, optó primero por Chevron y abre las puertas a las demás petroleras. Miguel Galuccio viene de Schumberger, uno de los más grandes monopolios de servicios petroleros. Curiosamente, los principales accionistas en común entre Chevron y Schumberger poseen acciones por un valor de US$ 81.160 millones, el 73% del valor total en acciones de los principales accionistas de ambos monopolios.

Tras negar insistentemente la crisis energética, ahora el gobierno insiste en aumentar la producción. Pero no en un camino liberador, sino atando más nuestro destino a la dependencia de las petroleras.