¿Un paso atrás o diez para adelante?

El margen de debate sobre las restricciones se reduce cuando la cantidad de casos y la ocupación de camas de terapias intensivas aumenta de forma exponencial. Mientras tanto, crece el mal humor social ante la falta de medidas para solventar la falta de ingresos del sector no registrado.

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva afirma que la ocupación de camas en el AMBA es del 94 %. En un artículo del diario La Nación la periodista científica Nora Bär describe que el 57 % de ese número se debe al aumento de casos de coronavirus. En los últimos 14 días, la cantidad de infectados subió un 124.2 % y el número de fallecidos en todo el país, un 81.1 % .

“A este ritmo, no hay sistema de salud que aguante”, afirma un comunicado conjunto firmado por un variopinto compilado de entidades públicas y privadas de la salud de la Provincia de Buenos Aires. El sábado por la mañana, varios sanatorios privados porteños informaron su nivel de ocupación de camas: Güemes 100%, Trinidad Palermo 95%, CEMIC 100%, Dupuytren 100% y Mitre 100%.

Los únicos datos que resultan positivos en ese contexto, son los que aporta el Monitoreo Público de Vacunación: ya se aplicaron 5.364.779 dosis y se distribuyeron a las jurisdicciones 7.085.796. Sobre el cierre de esta entrega, la nota lamentable la vuelven a dar medios y políticos opositores. Para demostrar que no hay límites al oportunismo, mienten y siembran desconfianza sobre la efectividad de la vacuna china, mientras ponen el foco en las restricciones sin hablar de la gravedad de la situación.

El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que “esta segunda ola es un tsunami en el que los contagios están creciendo a una velocidad que no habíamos visto anteriormente” y advirtió que “se ha vuelto a poner en riesgo la respuesta del sistema sanitario”. ¿Estamos ante un paso atrás en la lucha contra la pandemia?

Estación del fastidio     

“¿Van a contar el hambre que hay o van a creer las mentiras que dice el presidente?”, dice una señora al ingresar a la Estación Constitución. Estos días recorrí la zona para observar los nuevos controles dispuesto por el Poder Ejecutivo. Allí constaté dos cosas: las aglomeraciones en el transporte público continúan y el enojo con las medidas sanitarias por parte de la población de bajos ingresos es creciente .

En ese marco, emergen algunas preguntas: ¿Acaso una porción importante de la sociedad no le teme al Coronavirus? ¿Cuán grave tiene que ser el contexto epidemiológico para que se prioricen los cuidados? ¿Cuál es el nivel de tolerancia a las restricciones?

Al igual que en 2020, el Gobierno decidió tomar medidas tempranas. Tal como dijo Kicillof, la discusión no es restringir o no, sino cuándo hacerlo. Las consecuencias de implementarlas tarde pueden ser aún más catastróficas, pero tal vez en esa decisión resida el mal humor social.

Trasladar la grieta política y mediática a la gestión de la pandemia también explica el estado de ánimo popular. El covid tiene una explicación distinta, según el medio o político que se escuche.

Con solo caminar un rato por los alrededores de Plaza Constitución se puede dar cuenta del factor fundamental del fastidio creciente: el aumento de la pobreza. La semana pasada, en este espacio editorial, dije que el rebote de la pandemia no alcanza para recuperar los ingresos de aquellos que se enrolan en el autoempleo o en el trabajo no registrado. Y ahora, cuando vuelven las restricciones, todo hace pensar que las cosas serían distintas con más incentivos para ese sector. 

Contener el tsunami

Hace unos días, le pregunté al jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, qué políticas públicas se adoptarán para contener el impacto económico de la segunda ola y los cuidados sanitarios correspondientes. 

Santiago Cafiero respondió que se aplicará el programa REPRO II, una iniciativa que brinda el Ministerio de Trabajo a las empresas que fueron afectadas, por lo menos, en el 20 % de su facturación. Se asignan $9000 mensuales por empleado, pero el viernes pasado, el Gabinete Económico anunció que el monto llegará a los $18.000. Si el programa funciona, logrará compensar las pérdidas de trabajadores de actividades gastronómicas, juego y turismo, muchos de los cuales sufrirán la ausencia de propina.

Vilma Ibarra sostuvo que el impacto de las nuevas restricciones en la producción será mínimo y aclaró que el Estado no abandonará a ninguna persona que se vea perjudicada. Los funcionarios del área económica insistieron en que no habrá un nuevo IFE, pero se guardaron la posibilidad de adoptar alguna línea específica para el sector informal.  

La Provincia de Buenos Aires anunció el refuerzo del programa Preservar Trabajo, una medida que busca apoyar a las micro y pequeñas empresas que se perjudicaron por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 

El vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, regala patrulleros a los municipios bonaerense gobernados por aliados, en un claro acto de campaña electoral. Por otro lado, el distrito más rico del país no presentó ninguna propuesta para contener a los porteños que sufren los embates del tsunami.

El periodista Reynaldo Sietecase le preguntó insistentemente al Presidente de la Nación por las políticas de asistencia a los sectores más desprotegidos de la sociedad y el mandatario terminó por responder que “los recursos no son ilimitados”. 

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, también se enfoca en poner límites al “gasto social” para no afectar la negociación con el FMI y continuar la calma marcha del dólar. Un salto en el valor de la divisa provocaría un rebote inflacionario de consecuencias desastrosas en este contexto. Además, desde el entorno del silencioso funcionario, afirman que estas ayudas presionan sobre el dólar porque terminan en corporaciones que luego adquieren la moneda norteamericana para capitalizase. 

Diez pasos adelante

La nueva ola puede ser una catástrofe, un paso atrás, pero también puede ser una oportunidad para afectar aquello que parece intocable. La semana pasada, la revista Forbes informó que los más ricos del mundo acumulan US$ 13,1 billones frente a los US$ 8 billones de 2020.

Para financiar el plan de infraestructura que creará millones de empleos, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propone un aumento del impuesto a la renta empresarial del 21 % actual al 28 %. “No se trata de penalizar a nadie”, dijo. “No tengo nada contra los millonarios y los multimillonarios. Yo creo en el capitalismo estadounidense”. “Estoy abierto a otras ideas”, aseguró, siempre y cuando no impliquen aumentos de impuestos a las personas de ingresos más bajos.

La Secretaria del Tesoro de EE UU, Janet Yellen, hizo lo suyo al plantear su intención de trabajar con los países del G20 para implantar un impuesto de sociedades mínimo a escala global para las multinacionales. La propuesta ya tiene el acuerdo de la Unión Europea. El mundo parece comenzar a revisar sus consensos de los últimos 40 años.

La situación exige acuerdos políticos, culturales y mediáticos para recuperar la potencia del discurso unificado de comienzos de pandemia, aquella instancia que logró una actitud social responsable frente a la pandemia. El consenso no es sinónimo de moderación, y además, el momento requiere de firmeza para obtener los recursos y asistir a quienes más lo necesitan, aquellos que además son la base electoral de la coalición gobernante.