Un año sin Justicia: aniversario del Derrumbe de San Cristóbal y la muerte de Adrián Continiell

El 1 de marzo abril de 2019 la pared de una obra en construcción se vino abajo y tiró abajo el edificio lindero, donde había un mercado y la vivienda de este joven vecino.

Por la cuarentena, los familiares y amigos no pueden juntarse a marchar y protestar en las calles. Sin embargo, desde las redes sociales hacen oír su grito para pedir Justicia a un año de la muerte de Adrián Continiello, vecino de Pavón y Urquiza, que murió en el llamado Derrumbe de San Cristóbal, cuando la pared de una obra en construcción cedió y consecuencia de ello se desmoronó el inmueble lindero, donde había un mercado y una vivienda. 

Desde la familia de Adrián responsabilizan a la empresa Lybster SA, encargada de la obra y también a la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno porteño (AGC), porque, según su criterio, no hizo los controles suficientes. Para ellos se trata de un hecho evitable. 

Ante Abran Paso, Norma Farelo, madre de Adrián, dijo: “En este aniversario al dolor de la pérdida se suma el dolor de la injusticia”. “La causa estuvo muy manejada desde un principio”. “Es indignante, porque los responsables de la obra se muestran enojados y dicen que por la causa que investiga la muerte de Adrián no pueden seguir”. 

Apenas se produjo el derrumbe, la Justicia ordenó allanar y secuestrar documentos en la empresa constructora Lybster SA (ligada a la empresa Caputo) y de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del Gobierno porteño. La causa quedó caratulada como homicidio culposo y estuvo a cargo de la jueza Graciela Beatriz Dalmas. La investigación fue de la fiscal Daniela Dupuy, quien hace poco fue derivada a otra área. 

Tras el derrumbe, se hizo público que la UOCRA el 4 de febrero de 2019 radicó una “denuncia de obra urgente” contra la empresa Lybster SA ante la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad por “reiterados incumplimientos en las condiciones de seguridad laboral, señalización y protección de zanjas y excavaciones”. 

El 14 de marzo, dos semanas antes del derrumbe, la Agencia Gubernamental de Control intimó a la empresa a remediar el problema con un plazo límite al 21 de marzo. La AGC dijo que estos factores “no tuvieron incidencia en el derrumbe de la obra, y que la misma se encontraba habilitada, tenía asignado un Director de obra, y contaba con un seguro”.

Tras la muerte de Adrián, varios bloques de la Legislatura porteña presentaron pedidos de informes. “La novia del joven fallecido comentó que los vecinos habían realizado varias denuncias desde el comienzo de la obra en diciembre de 2018. Particularmente, argumentó que todas las mañanas les temblaba la casa y que llamaron varias veces al 147 (número del Gobierno porteño), a lo que siempre les respondían que era normal”, dice un pedido del Partido Socialista.

La última novedad ocurrió en diciembre cuando se desarrollaron indagatorias donde expusieron personas ligadas a la empresa constructora. Algunos se negaron a declarar. 

Norma agrega: “Se fue la fiscal y nombraron a otro, pero como está la cuarentena (por el coronavirus) no podemos saber si será el definitivo. De todos modos, ahora tiene que leer toda la causa de vuelta; es como empezar de cero”. 

Ella pide que la Justicia considere que hubo dolo, no culpa: “Hay diferencia abismal entre la cantidad de años que puede haber ante una sentencia”. “La causa es estrago culposo, pero ¿cómo pueden considerar que solo hubo culpa en gente que estudió en la materia y recibió denuncias de vecinos de que se les movían la casa con esta obra? Siguieron adelante sin importarle”. El muro que separaba el terreno de la obra y la vivienda lindera (donde estaba Adrián) tenía 17 metros de largo y cuatro de alto. Se comprobó que no había submuración, algo reglamentario. 

“Otro dato de las declaraciones es que cuando se derrumba un edificio se libera polvillo con anterioridad. Ellos (los operarios que trabajaban al momento del derrumbe) se enteraron de eso y lo que hicieron fue llamar al ingeniero y, lejos de desalojar el lugar y pedir la evacuación de viviendas linderas, decidieron con la excavadora tapar con tierra la zona del muro comprometido”.

“Hubo dos situaciones en las que Adrián pudo salvar su vida ese mismo día (el 1 de abril). Hubo una inspección del Gobierno porteño temprano ¿Hacia dónde miró ese inspector que no clausuró? Mi hijo estaría vivo si hubiera mirado. Luego, cuando el capataz vio los indicios del polvillo, 15 minutos antes del derrumbe, en lugar de avisar para tapar pruebas”.

“La fiscal dice que no pudo probar el dolo, pero ahí queda evidente que tenían todos los avisos. Esto no es culpa, es dolo. Cuidaron sus bolsillos. En el momento de poder salvar a mi hijo taparon con tierra lo que hicieron”. 

Entre otras anomalías, cuenta: “A los 11 meses recién descubrieron el nombre del capataz de la obra”. Aparte, habla sobre imágenes del momento del derrumbe: “A nosotros la fiscalía nos pone la traba para acceder a las imágenes que tomó el domo en la vía pública, donde se ve el momento del derrumbe y quiénes estaban en la obra y cómo actuaron”.

Otra anomalía, la más dolorosa, tiene que ver con la ropa de Adrián: “Dejaron ocho meses su ropa tirada en el terreno. Tengo fotos para probarlo. La máquina excavadora la entregaron a los dos meses. Me cansé de pedir que me entregaran la ropa porque no hacía a la causa, me prometieron que iban a hacer a un inventario. No lo cumplieron y la ropa de mi hijo estuvo tirada ocho meses en el terreno bajo la lluvia”. 

Presentes en la comunidad 

Esta es una de las grandes tragedias contemporáneas en la zona y su recuerdo también se liga a la muerte del adolescente Adriel “Pachu” Delgado, quien fue atropellado en la madrugada del 1 de mayo de 2019 en Independencia y La Rioja, en el límite entre Balvanera y San Cristóbal. Las familias de ambas víctimas están en contacto y suele hacer acciones conjuntas para pedir Justicia. 

El rostro de Adrián está presente en los muros de Balvanera, San Cristóbal, Boedo y alrededores. En sucesivos aniversarios y marchas, vecinos y comerciantes fijaron afiches en las paredes para mantener vivo el reclamo de Justicia. 

No hay grieta partidaria que valga y en la comunidad esto es vivido como un hecho que terminó con la vida de Adrián y a la vez pone en peligro a cada instante a los vecinos.

Comunes es un grupo de vecinos y militantes del barrio de Boedo, con un local emplazado en la calle Colombres 1091, a poca distancia del límite con San Cristóbal. 

Una de las acciones distintivas es realizar todos los jueves al anochecer semaforazos en San Juan y Boedo, una de las esquinas más emblemáticas: cuando el semáforo está en rojo se paran sobre un sector de la senda peatonal y exhiben carteles con los rostros de distintas víctimas de femicidios, gatillo fácil, negligencia estatal. Incluyen el reclamo por Adrián y Adriel.

Norma nos cuenta que esta entidad la ayudó mucho para luchar por el pedido de Justicia: “En Comunes me enseñaron que tengo que poner el cuerpo para luchar”. Agrega que en muchos semaforazos se le acercó gente que conoció a Adrián en vida. Le contaba anécdotas y la impulsaban para seguir adelante. 

Por la pandemia, discontinuaron por un tiempo los semaforazos, pero se expresan por redes sociales. Ante el aniversario del derrumbe, reflexionaron: “Un año sin Adrián. Un año en que la corrupción le arrebató la vida de la manera más cruel. Un año en que su familia viene luchando contra todo el sistema judicial podrido para obtener justicia. No fue un accidente: fue un crimen y los responsables deben pagar para que sus familiares y amigxs puedan encontrar algo de consuelo entre tanto dolor y sufrimiento”.