Ser sospechoso por viajar en tren

Portación de rostro. El Ministerio de Seguridad estableció que cualquier persona puede ser demorada para solicitar su identificación. La medida se concentra en el transporte público.

A través de la resolución 845/2019, el Ministerio de Seguridad habilitó a la Policía Federal a solicitar el DNI de usuarios de trenes sin motivo alguno.

La Ministra de Seguridad creó el programa “Ofensores de Trenes”, bajo el pretexto de que será una herramienta útil para prevenir “delitos en el sistema de transporte público de trenes de pasajeros”.

“Estamos cuidando que no se sigan cometiendo delitos en el tren y que sepan (quienes los cometen) que van a tener un monitoreo durante el viaje”, explicó.

Ahora, la Policía Federal podrá exigir sin motivo el documento para realizar el control de la identidad de las personas que ingresen, egresen y permanezcan en los trenes. La resolución establece que el objetivo es comprobar “la posible existencia y/o vigencia de medidas restrictivas de carácter judicial”.

Según la información que brinda la página web del Ministerio de Seguridad, efectivos de la Policía Federal Argentina utilizaran más de 1000 teléfonos celulares que podrán escanear el DNI. Además cuentan con un sistema de reconocimiento facial y estarán en red con las distintas bases de datos. En principio se implementarán controles en las estaciones Retiro y Lacroze de la Ciudad de Buenos Aires.

La resolución recibió múltiples críticas por parte de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos. La Coordinadora contra la represión institucional aseguró que “a partir de ahora, lo que era una “facultad” se convierte en una obligación funcional. Interceptar, identificar y detener para constatar impedimentos ya no es algo que discrecionalmente policías, gendarmes o prefectos pueden hacer. Desde hoy, deben hacerlo”.

Con la única justificación de que hay una “sospecha” de que la persona requisada puede ser un “ofensor en tren”, la decisión del Ministerio de Seguridad establece que todas las pasajeras y pasajeros son sospechosos de haber cometidos los delitos que a los efectivos se les ocurra.

La política de Patricia Burlich ataca derechos democráticos conquistados hace más de cien años.   Se invierte la carga de la prueba, aquella que establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Los efectivos policiales podrán demorar a una persona para identificarla y hacer que pierda el presentimo y llegue tarde a un evento importante. 

La elección del lugar para implementar los operativo no es ingenua. Buscan amedrentar a quienes usan el transporte público para llegar a su lugares de trabajo o estudio bajo el argumento de combatir el delito. No se escuchó ningún anuncio para atacar los actos delictivos de quienes se trasladan en Jet privados para fugar dinero y devaluar el poder adquisitivo de los argentinos.

Los defensores de la doctrina Chocobar y los estigmatizadores de la pobreza a la que “hay que dinamitar” en las villas, intentan pasar a un nuevo estadio de su política represiva. Ahora el “delito” será portar un rostro, los policía decidirán a quién demoran para exigirle que se identifique. ¿Y si alguien se niega mediante el ejercicio de sus derechos constitucionales? ¿se aplicará la doctrina idolatrada por los funcionarios del Ejecutivo?