Se presentó una acción de amparo para que se suspenda la reforma educativa

El asesor tutelar de primera instancia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Moreno, interpuso un recurso para que quede sin efecto la decisión del Poder Ejecutivo sobre la reforma “Escuela del futuro” en los colegios secundarios porteños.

El Funcionario judicial consideró que hay dos aspectos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño y en leyes nacionales, como acceso a la información y a la participación colectiva, que fueron violados en el accionar del Ejecutivo.

“La ministra no publicó su reforma y el primer documento oficial que apareció fue a partir de la mediación de la Defensoría del Pueblo. Hoy todavía no tenemos la cantidad de escuelas donde se va a aplicar esto el año que viene. Es una muestra de vulneración de derechos no sólo de los alumnos sin para toda la sociedad”, destacó Gustavo Moreno en diálogo con Abran Paso.

Por estos dos ejes los asesores tutelares Gustavo Moreno y Mabel López Oliva presentaron un amparo para que el gobierno porteño suspenda la implementación de la reforma educativa hasta tanto se cumpla con la información pública y la participación.

“Hay cosas llamativas, la ministra de Educación pretende imponer una reforma pedagógica con prácticas educativas, mal llamadas pasantías, cuando la Ciudad ya tiene una Ley de prácticas pre profesionales que dice que no son obligatorias, entonces si hay una modificación la tiene que hacer la Legislatura, no el Ejecutivo. Además una resolución ministerial no puede dejar de lado una Ley”, agregó el Defensor tutelar.

La jueza Andrea Danas, del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº19, deberá decir si da lugar o no a la medida y si la considera de carácter colectivo.

Moreno también se refirió al polémico protocolo de actuación difundido por el Ministerio contra las tomas, “técnicamente no se derogó. Está suspendido por decisión de la jueza Elena Liberatori, pero lamentablemente el Gobierno apeló así que seguimos judicializando la situación. Ahora tiene que decidir la Cámara”.

Los argumentos del Gobierno Porteño en la apelación son que la jueza Elena Liberatori no es competente, que los defensores de menores no tienen la representación de los chicos y que el instructivo es inexistente. “Fue remitido a todos los directores de escuela por un e-mail oficial. De hecho los rectores del Mariano Acosta, del Julio Cortazar y del Manuel Belgrado hicieron la denuncia penal contra las tomas”, advirtió el defensor.

La tranquilidad alcanzada luego de las tomas no parece encontrar una situación definitiva. En materia de garantizar derechos, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires parece no obtener las mejores notas.