¿Quien garantiza este derecho?

IMG_1168Periodistas despedidos, medios que cierran, convergencia tecnológica, concentración mediática y un profundo debate sobre el manejo de la pauta publicitaria. La libertad de expresión atraviesa uno de sus peores momentos desde la dictadura a la fecha.

Los trabajadores de los medios de comunicación llevan dos años de angustia. Desde diciembre de 2015 es continuo el crecimiento de la cantidad de “compañeros” que pierden sus puestos de trabajo o se reducen sus derechos. En los canales, radios, diarios o sitios web son muy pocas las nuevas contrataciones de empleados que se hicieron en estos tiempos.

El Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) denunció que solo en 2016 se perdieron al menos 1285 puestos de trabajo. Según un informe elaborado por el gremio 359 fueron por despidos, 409 por cierre de medios y 517 por retiros voluntarios.

En gran parte se pudo visualizar mediante los casos más resonantes como el cierre y la violenta agresión contra los trabajadores de Tiempo Argentino, el reciente despido de los periodistas de la agencia DyN y el despido de Victor Hugo Morales. Pero ellos son solo una muestra de una situación que afectó a la libertad de expresión y, por lo tanto, a la democracia.

El Grupo 23 de Szpolski, Garfunkel y Richarte, AGEA Clarín, La Nación, Infonews, El Argentino Zona Norte, Diario Los Andes, Crónica TV, Radio Splendid, Rock & Pop, Radio América, Telam, Editorial Atlántida Televisa, Big Ban News y AM 1300 Radio La Salada son algunos de los medios donde también se conocieron despidos, retiros voluntarios y cierres.

Esta situación representa una clara restricción a la pluralidad de voces y a la diversidad de perspectivas presentes en la escena mediática. 

En ese contexto las comisiones de Telecomunicaciones y de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación convocaron a una reunión conjunta con la presencia de los sindicatos que representan a los empleados de los medios de comunicación.

Allí la diputada por radical Karina Banfi presentó una carta del bloque de Cambiemos sobre esta cuestión. En primer lugar presentó varios casos de censura incluyendo el de Cecilia Pando contra la revista Barcelona y el de los gobiernos de La Pampa y Formosa contra periodistas y denunció que la comisión de Libertad de Expresión no tomó los casos mencionados.

En la carta se afirma que “este Estado garantiza la pluralidad de voces desde la obligación de no hacer ningún tipo de intervención sobre los medios de comunicación. A nivel nacional, en la jurisprudencia ha considerado que dejar librado al mercado el funcionamiento de los medios de comunicación y solo intervenir a través de leyes que defienden la competencia es la mejor forma de garantizar una manera equitativa del acceso de los ciudadanos a los medios masivos de comunicación”

Luego se destaca que se busca “garantizar la libertad de expresión y la diversidad de voces sin asumir el rol de padre protector de las industrias en crisis” y se pregunta si el momento actual de los medios de comunicación tiene que ver con una violación de la libertad de expresión o crisis al modelo de negocios.

El doctor Damian Loreti es abogado del sindicato de televisión (SATSAID), profesor de Derecho a la Información de la UBA y una de las personas con más conocimientos sobre los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión. Fue él quien respondió al contenido de la carta del oficialismo mediante “opiniones de los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos especializados en la materia en 2007 que plantearon que lo hay que hacer en materia de concentración es prevenirla. Las reglas de defensa de la competencia no son suficientes para garantizar pluralismo. Con el fallo Clarín eso quedó resuelto como jurisprudencia en la Argentina. El tema de la concentración indebida es doctrina en el país. No hay mano invisible en el mercado que garantice el pluralismo”.

“¿Un medio de comunicación debe depender del Estado porque sino se muere?”, agrega la carta leída Karina Banfi y agregó que estamos atravesando el ocaso de una época de despilfarro del erario público que se usó para alimentar empresarios que se pusieron al mando de los medios de comunicación. Tenemos el desafío de normalizar el uso de pauta oficial cuyo fin es informar sobre la políticas públicas a través de los medios de comunicación.     

En relación a esta cuestión se denuncia una forma de censura indirecta ejercida por el gobierno anterior a través del uso discrecional de la pauta estatal.

Sobre este tema Damian Loreti precisó que “en la medida que los proyectos permitan el bolseo o instalar publicidad oficial en lugares donde no se producen contenidos, nos vamos a ver en la misma situación de los empresarios norteamericanos periodísticos que reclaman contra su propio Estado o la nota que hizo el día del periodista Jorge Fontevecchia donde planteó que hay un problema en el periodismo argentino y su futuro si se sigue poniendo millones de pesos de publicidad oficial en quienes no producen ni un centímetro ni un minuto de contenidos nacionales”.

Sobre esta cuestión hay que decir que tanto las recomendaciones de la Relatoría sobre Libertad de Expresión como buena parte de la jurisprudencia sentada con fallos como el del diario Rio Negro contra la Provincia de Neuquén establecen que los medios no deben vivir de la publicidad oficial, pero aclaran que si el Estado decide publicar debe hacerlo de forma equitativa en todas las emisoras o publicaciones. Para garantizar la pluralidad de voces los gobiernos deben establecer mecanismo de fomento para las producciones sin fines de lucro y las que tienen menos recursos.

El destacado profesor e investigador universitario afirmó que “el decreto 267 del presidente de Mauricio Macri que modificó la Ley de medios, además de inconstitucional generó algunos daños como transformar al cable en un servicio de telecomunicaciones. Eso quiere decir que no existe más el control de concentración en la industria del cable. A esto se sumó la conjunción con los operadores telefónicos y la eventualidad de que agreguen la transmisión por satélite. En los cables chicos del interior eso implica fumigarlos ¿cuantas señales, periodistas, locutores, trabajadores de televisión van a ser implicados con eso? El control de competencia si viene después no repara, en el mejor de los casos sanciona porque muy ocasionalmente la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a realizar desimpresiones que es lo que la UNESCO planteó com indicadores en el 2008”

Además, advirtió que “se autorizó a que las AM y las FM del mismo dueño en el mismo área de cobertura pasen la misma programación. Se vende dos veces el mismo espacio publicitario y se hace un sola programación con la consiguiente merma de cantidad de fuentes de trabajo”.

“Se desmontaron las reglas de listados de eventos condición relevante, por ejemplo el fútbol, porque al no existir la Defensoria del Público no hay modo de resolver eso”, aclaró Loreti

Loreti cuestionó la modificación del artículo 41 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en manos del decreto 267 cuando ese artículo fue declarado especialmente constitucional. “Se trata de la no autorización de venta más del 50 % del capital de los medios de comunicación porque los que lo tienen son los que en teoría ganaron los concursos. La Corte Suprema dijo que ese artículo era constitucional considerando entre otras cosas la historia de pase de manos que nadie sabia quienes eran los dueño de los medios”, concluyó el profesor.IMG_1168