¿QUE DECIR?

¿Qué decir? Los números solos, aunque parecen fríos,  hablan por sí mismos: en La Plata 39 muertos, la mayoría de un barrio humilde, Tolosa. En la Ciudad de Buenos Aires 6 muertos según datos oficiales. Miles de evacuados y por lo menos 450.000 afectados.

La impotencia de los argentinos creció en medio de la corriente. Las imágenes: familias con sus chicos y sus mascotas durmiendo en los techos, abuelas postradas en la cama sin poder moverse cercadas por el agua,  conductores encerrados en sus automóviles -que pueden ser padres, hermanos, vecinos o amigos-; colectivos tapados y caminos cerrados, escuelas sin alumnos convertidas en albergues, pilas de libros en las calles, empapados. Parecen escenas de una película trágica. Autos, colchones, juguetes, heladeras, en fin,  toda una vida flotando. Y una profunda soledad.

Y la pregunta obvia ¿por qué? Y la respuesta obvia, la misma de siempre: porque las inclemencias climáticas hacen compañía a una nefasta política que prioriza -incondicionalmente- los negocios inmobiliarios sobre las necesidades populares. Pero, encima, debemos ver cómo arriba del escenario, entre luces y sombras, se echan culpas entre ellos. El Ingeniero sorprendido entre la arena de las playas brasileras. El silencio del Gran Buenos Aires.  Una cadena nacional que omite  las inundaciones y las muertes. En fin, para los argentinos, otra vez la impotencia y la soledad.

Y no pensar en las causas de este desborde es,  al menos para mí, inevitable. Como es imposible no hacer memoria. Porque hace apenas unos meses atrás se aprobaba  el escandaloso negociado inmobiliario entre el gobierno nacional y el de la Ciudad, junto con el grupo IRSA -que controla la mayoría de los shoppings porteños y su dueño, Eduardo Elsztain, es presidente del Banco Hipotecario-.

El paquete -como un super combo agrandado- contenía:  leyes que  autorizaban al Gobierno porteño a vender el Edificio del Plata en US$ 80 millones para financiar la construcción del Centro Cívico en el sur de la ciudad. La construcción de un barrio de lujo, Solares de Santa María, en la ex Ciudad Deportiva de Boca. La rezonificación de la Isla Demarchi, para poder realizar el negocio inmobiliario que está detrás de la fachada del “Polo Audiovisual”.  La concesión por 30 años de treinta y siete hectáreas de espacio público (37 manzanas) del Parque Roca a un privado sin canon alguno que será eximida de pagar los impuestos durante diez años. Votaban estas  leyes personajes de la vida política como Juan Cabandié y los legisladores del PRO, juntos, mientras, vecinos de las villas porteñas reclamaban la urbanización de sus barrios.

Eso sin decir, además, que para sumar a la indignación, en la capital de los shoppings, el DOT -también del grupo IRSA- bombea el agua de las cocheras cuando llueve sobre el Barrio Mitre, en Saavedra. Un barrio de trabajadores que sufre con cada inundación por el desagüe del shopping. Lo mismo que sucede en Villa Martelli y San Martín con el predio Tecnópolis. Y hace apenas una semana, el gobierno de la Ciudad -casi una Venecia pero del Tercer Mundo- gastó  más de 25 millones de pesos para que se corra el “super TC 2000”.

Pero a todo esto se suma, indudablemente,  un problema estructural. Porque este desastre previsible, comenzó hace mucho tiempo. Quizás primero tendríamos que recordar allá por 1886 el inicio de la urbanización de los bajos inundables. Y luego, la ocupación de los valles de inundación del arroyo Vega, el Medrano, el Cildañez, el Riachuelo. Fue en épocas de Yrigoyen cuando comenzaron a entubarse con obras millonarias para no desvalorizar los terrenos inmobiliarios. Hoy, cabe plantear, que se pone en duda la eficacia de este sistema frente al de arroyos a cielo abierto (como tienen en otras ciudades como Granada). Porque, en definitiva, se busca tratar de sacar el río de allí con obras millonarias y con resultados inciertos.

Además, “Este tipo de tecnología  actúa como torpe mitigador de una falta grave: no hay ordenamiento territorial. La urbanización, mediante la presión del negocio inmobiliario, avanzó sobre los terrenos inundables”, explica el periodista especializado en medio ambiente, Eduardo Soler.  Entonces,  ¿qué está ocurriendo?  ¿esto es resultado de una  catástrofe “natural”? No.  Que la  población se asiente en terrenos inundables, bajos, contaminados,  viva en condiciones precarias y sufra las consecuencias  “previsibles”, eso,  no es natural.

Un informe reciente de la Universidad Nacionalidad de La Plata, explica: “Se destaca la expansión urbana sobre las planicies de inundación del arroyo, en especial en la cuenca baja y media”. En particular: “el proceso de asentamiento de viviendas carenciadas que ocupan la ribera y la planicie de inundación del curso, expuestas a un elevado riesgo de inundación”. Y entre las conclusiones decía: “ante inundaciones o desbordes se expone a la sociedad a factores que afectan la salud humana”.

El cambio climático, que con buenas políticas urbanas no tendría que generar el caos que estamos viviendo, el avance sobre los espacios verdes, las precarias condiciones habitacionales en las que vive una gran parte de la población y la concentración en áreas urbanas -consecuencia del sistema productivo-, terminan de moldear, lamentablemente,  un panorama desolador en el que si no se adapta la Ciudad y el área Metropolitana a la realidad que estamos padeciendo, el riesgo tiende a aumentar.

Ahora, algunos  intentan contener las consecuencias. Pero de planificación urbana basada en las necesidades populares, de transformaciones estructurales para una vida mejor para los más humildes, de eso, no se habla. Parece que si no cambia algo seguiremos flotando, solos, entre la furia y el abandono. Ya perdimos muchas vidas inocentes. Entre la impotencia, la bronca, la desolación, al menos, espero, el agua no se  lleve la memoria.

INUNDACIONES EN CAPITAL FEDERAL

Una vez más asistimos a otro día trágico para el pueblo. Ya son al menos 8 muertos por las inundaciones en la Capital Federal. Más de 500 mil afectados, que perdieron sus pertenecías, mercadería o lo de toda una vida de trabajo.

Quienes sufren las consecuencias de una política local y nacional que privilegia los negocios inmobiliarios por sobre las necesidades básicas de los vecinos son los sectores más vulnerados de la población. En Capital Federal la responsabilidad recae en un shopping, como el DOT del grupo IRSA: socios del macrismo y el kirchnerismo en la Ciudad y el área metropolitana. Este shopping es responsable de la inundación del Barrio Mitre de Saavedra, que hoy debió ser evacuado. Este barrio de trabajadores sufre con cada inundación por el desagüe del shopping por el cuál  bombean el agua de las cocheras cuando llueve, como si fuera su patio trasero en donde desechan su basura. Lo mismo sucedió en Villa Martelli y San Martín con el predio Tecnópolis.

Hace apenas meses atrás en la legislatura se denunciaba un escandaloso negociado inmobiliario entre el gobierno nacional y el de la Ciudad con el grupo IRSA para la venta de tierras y edificios para la construcción de lujosos edificios y barrios fastuosos. La Legislatura fue testigo del acuerdo entre el macrismo y el kirchnerismo.

También se denuncia el “super TC 2000” que se corrió por las calles de la Ciudad el pasado sábado y domingo, donde el gobierno local destinó más de 25 millones de pesos. Aquí también aparecen sospechas de negocios con Clarín y otros.

Las prioridades de inversión del gobierno se observan por este lado.

Hay que lamentar la tercera muerte de un trabajador del subte en el último año y medio, administrado por la empresa Metrovías del grupo Roggio. No son muertes casuales, son asesinatos denuncian los delegados, ya que son consecuencias de las condiciones de trabajo deplorables, sin mantenimiento, sin control en la que se desempeñan diariamente los trabajadores. También plantean que hay impunidad para la empresa.

Macri volvió de sus vacaciones en las playas de Brasil y dijo que esto no se veía desde 1906. Ahora comienza la desesperada búsqueda de respuestas para poder volver a las casas, para lograr reconstruir lo que el agua destruyó.

Se observa una fuerte movilización popular en solidaridad con los inundados

Los damnificados solicitan centros de evacuados en condiciones, centros de distribución de alimentos, ropa y frazadas, controles sanitarios desde los hospitales públicos en cada barrio, delegados por manzana para el empadronamiento en cada barrio para centralizar los reclamos, asambleas por barrio y que sean reconocidas por el gobierno, eximir de impuestos a los afectados, urgente subsidios nacional y provinciales, impuestos a los sectores más concentrados de la economía para solventarlo de manera urgente.

Los vecinos de los barrios afectados están aterrorizados por la posibilidad de nuevas lluvias. Los barrios más humildes afectados fueron los que habitan el Barrio Mitre en Saavedra y Cildañez en el barrio de Lugano. Todavía no hay respuestas y la desesperación crece. También empiezan a transitar las zonas afectadas los que intentan sacar ventaja ante estas situaciones. Personas que retienen la mercadería que llega por la enorme solidaridad de la población y comienzan a comercializarla.

Hay temor a los saqueos y hasta el ejército moviliza sus tropas para evitarlos. Los vecinos se autorganizan armados para defender sus viviendas, las pocas pertenencias que les quedan. Hay zonas a las que es imposible acceder, hay vecinos que se quedaron sin nada.

La Federación Universitaria de Buenos Aires juntos a los Centros de Estudiantes de las facultades de la Universidad de Buenos Aires recibe donaciones y en un plazo muy breve ya se acercan miles de estudiantes, graduados, docentes y no docentes a recuperar llevar ropa y alimentos. Se solicitan sobre todo medicamentos y pastillas para potabilizar el agua.

La sensación desde las zonas afectadas es que esto recién comienza. La reconstrucción y la asistencia a los afectados será la primera tarea que tendrá la población. Luego llegará el momento de indagar sobre los motivos que llevaron a que miles de vecinos vivan esta situación.

ENFRENTAMIENTOS EN LA MARCHA POR LOS 37 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO

A 37 AÑOS DEL GOLPE. Este 24 de marzo centenares de miles se movilizaron en todo el país. En la Plaza de Mayo se libró un tenso forcejeo, ya que fuerzas kirchneristas intentaron bloquear la columna del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Se reclamó por justicia para los 30.000 detenidos-desaparecido y asesinados. Se denunció la impunidad, la represión, la criminalización y el espionaje a la lucha social en la actualidad.

 

A lo largo y a lo ancho del país se realizaron movilizaciones por los 37 años del golpe de Estado. En la Plaza de Mayo hubo dos actos: uno oficialista y otro organizado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), que viene coordinando las movilizaciones cada 24 de marzo desde hace 17 años y sostiene críticas precisas al gobierno nacional.

 

El intento por parte de las fuerzas kirchneristas La Cámpora y Unidos y Organizados de bloquear el ingreso a la Plaza fue infructuoso y sobrepasado por la masividad de la convocatoria del EMVJ. Sin embargo demoró el inicio del acto. La columna entró por Diagonal Norte y a eso de las 20 hs comenzó la lectura del documento.

 

El discurso oficialista sobre los derechos humanos

 

El acto oficialista tuvo como eje central la democratización de la Justicia. Planteó además la investigación de las corporaciones y de la complicidad civil. Hizo balance de los 400 represores condenados. Mencionó algunos casos de compañeros asesinados en los últimos años –como Mariano Ferreyra o Fuentealba-, pero para deslindar toda responsabilidad del gobierno nacional en cualquier caso.

 

Por parte del kirchnerismo, este reclamo de “democratización de la Justicia” ha aparecido recién después de que el gobierno nacional haya tenido un revés judicial en la aplicación de la Ley de Medios. Nadie puede estar en contra de democratizar la Justicia y los medios masivos de comunicación. Sin embargo, ¿qué “democratización” busca el gobierno con el espionaje social como evidenció el Proyecto X y el impulso a la Ley Antiterrorista?

 

Avances y realidad en los juicios al genocidio de Estado

 

El documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) denunció a los genocidas como así también la responsabilidad de “las  patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron  cuerpos de  delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los  ampararon, a los  políticos que  los  avalaron y  a los  grandes medios de  comunicación  que  les  lavaron la cara a todos ellos.”

 

También destacó el logro de 396 represores condenados y poco más de 1000 procesados, como los juicios de la ESMA (en Buenos Aires), La Perla (en Córdoba), y Arsenales y Jefatura de Inteligencia (Tucumán), que reúnen delitos contra 1.500 víctimas y 150 acusados. Son logros de la incansable lucha popular.

 

Sin embargo, existieron más de 600 centros clandestinos durante la dictadura. De modo que no se llega ni a 2 represores condenados por campo clandestino. Entonces, esta lentitud en los juicios hace posible que cientos de ellos mueran de vejez sin llegar a ser tocados por la Justicia. Así, ya son 320 los represores que murieron impunes.

 

Este retraso en los juicios tiene que ver con que siguen dentro del sistema judicial jueces cómplices de los genocidas que entorpecen y demoran las causas. Además, las causas siguen estando en su inmensa mayoría fragmentadas y parcializadas. A este ritmo “serán necesarios por lo menos 50 años para terminar de juzgar a los represores que ya están procesados.”

 

Cada 24 de marzo se evidencia que no falta consenso social para agilizar los juicios. Falta decisión política del gobierno. El gobierno hace concesiones. Pero en definitiva pretende utilizar la lucha popular para afianzar su hegemonía en la disputa dentro de las clases dominantes. Esto explica que no vaya a fondo con las medidas necesarias para lograr el castigo a todos los culpables. También explica su política activa en el espionaje, persecución y criminalización a los luchadores populares.

 

Impunidad y criminalización hoy

 

El documento del EMVJ denuncia la criminalización de la protesta social. Hoy son 5.000 procesados por participar de protestas. Es una política sistemática, reafirmada por el espionaje a organizaciones sociales que fue descubierto en el Proyecto X, a cargo de la Gendarmería Nacional.

 

El gobierno nacional también contribuyó a esta criminalización con el impulso que le dio a la Ley Antiterrorista. Con su aplicación se duplican las penas de cualquier delito “que hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población o de exigir una medida a las autoridades” (textual de la ley mencionada).

 

Junto con esto se han producido decenas de asesinatos en las luchas por tierra y vivienda, contra la tercerización, por salarios  dignos,  por los derechos de  los pueblos originarios,  y contra  esta  política de  hambre y entrega. Son producto de una política que en definitiva sostiene el latifundio y la sojización, la precarización laboral, y la corrupción de Estado.

 

El objetivo fue denunciar esta impunidad de ayer y de hoy. En la Plaza de Mayo y en todo el país, esta voz se hizo escuchar nuevamente.

10 AÑOS DEL HOTEL RECUPERADO

Se cumplen 10 años de gestión de la Cooperativa BAUEN, con 150 trabajadores y trabajadoras y una larga experiencia compartida con otros emprendimientos de su misma característica.

Marcelo Ruarte, uno de los fundadores conversó con Abran Paso y describió por qué 10 años atrás 15 trabajadores se pusieron al frente del hotel cuando estaba quebrado. Además contó los principales desafíos para los próximos 10 años.

En una de las zonas con más circulación de vehículos y de personas se encuentra uno de los ejemplos de emprendimientos autogestivos más conocidos del país. En el Hotel Bauen en el Centro de la Ciudad nos espera Marcelo Ruarte.

Para entender la historia de este conflicto hay que remontarse al 21 de marzo de 2003. Cuando todavía sobrevolaban los aires de una ciudad conmocionada por el derrocamiento de De La Rúa y un país que no lograba salir de la crisis.

Ese día 15 trabajadores del BAUEN junto a 200 personas de las asambleas barriales de San Telmo, Plaza Italia y de otras empresas recuperas decidieron ocupar el hotel de la Avenida Callao con el objetivo de intentar reactivarlo y así evitar que los empleados se queden sin trabajo.

“Estaba vaciada desguazada. Nosotros decidimos ocupar, producir, resistir. En estos 10 años quizás un empresario tenga muchas críticas si te habla de sustentabilidad o rentabilidad de una empresa, pero lo que no puede reprocharnos es el crecimiento de cada uno de nosotros como personas” afirma Marcelo Ruarte.

Para Marcelo el BAUEN es una empresa que nace de una crisis total. Trabajadores con muchísimo hambre de comer, pero también de cultura, de no tener cobertura médica, de no poder mandar a sus hijos al colegio. Un sinfín de un país que no podía ofrecer otra cosas que la crisis que dejaron políticos corruptos y que aún quedan resabios, no solo políticos, sino de todas las instituciones que están todavía contaminadas.

Los miedos eran por las empresas recuperadas, el festejo del Bauen también es disparador a los 10 años de Zanon, Bruckman, Aurora Grundig. “Esa mañana había un miedo a enfrentar algo que no conocíamos porque nosotros manejábamos la lógica capitalista de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, la lógica del neoliberalismo, del a nosotros no nos va a tocar. Estábamos en una instancia que valió la pena lo que hicimos. El BAUEN tiene muchísimas particularidad en relación con las otras empresas. Una vinculación con la dictadura, nunca se devolvió la plata al Estado. Es un fraude. Todo esto demuestra que si vos queres algo, organizar algo, te tenes que comprometer” cuenta Marcelo Ruarte.

El hotel lleva 8 años de gestión. Los primeros años fueron en la calle. Todo se logró primero a través del trueque. Después hay una llegada de la embajada de Venezuela y PDVSA que ayudan con 2 pisos completamente listos. Ahí se acordó tirar toda la empalizada que tapaba la entrada y empezó la gestión. Con el tiempo se fue creando una demanda de trabajo hoy son 150 trabajadores. 500 bocas se alimentan del hotel. Una de las cuestiones que más los afecta es el tema jurídico por la no titularidad el banco les impide pedir un préstamo. El BAUEN cumplió 35 años. Se inauguró en 1978. En plenitud llegaron a trabajar más de 200 personas.

Marcelo Iurcovich fue el patrón de los trabajadores del BAUEN fallecido. Hoy están sus hijos a cargo del Holding empresarial. No es una empresa familiar. Sus orígenes son metalúrgicos. Tuvieron una relación con la dictadura y con los intendentes. Aún siguen teniendo relación con la mantención en el Hospital Santojanni o en el Hospital Penna. En el Santojanni hace poco fallecieron 2 personas porque no las abastecieron con los tubos de oxígeno.  Sin poner capital en riesgo usan plata del Estado, nunca la devuelven. Hicieron 2 BAUEN más, Suit BAUEN, y Buzios BAUEN en Brasil. Hablar de Iurcovich es hablar de muchas empresas que en la dictadura, con créditos blando, hicieron toda la fortuna que hicieron.

Con respecto a lo que viene Ruarte planteó “tenemos el desafío de la excelencia del servicio. Nos cuesta. En estos años de gestión invertimos 15 millones de pesos. Es muy dinámico, requiere mucho trabajo. Mucha gente cuando pasa por el BAUEN piensa que hay un empresario pero hay compañeros que tienen que dormir con un ojo por el acoso de la justicia”.

PRINCIPIO DE ACUERDO EN EL CONFLICTO DE LA COOPERATIVA LUCHA Y TRABAJO

Los trabajadores de la Cooperativa “Lucha y Trabajo”, luego de 74 días de conflicto y en el tercer día de toma del Ministerio de Desarrollo Económico del GCBA, recibieron una importante respuesta aunque aún no logran recuperar todos los puestos de trabajo. El acuerdo por ahora establece la reincorporación de los primeros 15 trabajadores.

“Despues de 74 días de lucha y tras el tercer día de ocupación del Ministerio de Desarrollo Económico del G.C.B.A. por parte de los trabajadores de la Cooperativa Lucha y Trabajo, le torcimos el brazo al sector duhaldista del Gobierno de Macri. SE REINCORPORAN LOS PRIMEROS 15 TRABAJADORES a sus puestos de trabajo de los 36 que fueron dejados en la calle por parte de este ministerio” plantea un comunicado de la organización.

Además de los empleos mencionados, la Cooperativa recibió 12 reincorporaciones a partir de contratos otorgados por el Ministerio de Educación en el mes de Febrero. Las tareas que realizan los contratados por esta dependencia consisten en realizar limpieza y mantenimiento de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

Al acuerdo se llegó en el tercer día de la ocupación, en el momento en que 4 trabajadoras estaban encadenadas en las rejas del ministerio, con la Av. de Mayo totalmente cortada y varios canales de televisión transmitiendo en vivo. Todo esto después de romper las maniobras de extrañas cooperativas de vivienda que intentaron ingresar a la ocupación y enfrentar cuerpo a cuerpo el cerco y los preparativos de la Policía Metropolitana.

El acuerdo contempla la firma de un primer convenio para los 15 trabajadores con una tercera cooperativa que sea propuesta por la Cooperativa Lucha y Trabajo. Dichos convenios serán traspasados en el futuro a Lucha y Trabajo.

La mayoría de los integrantes de esta entidad son vecinos de origen boliviano que habitan los barrios y asentamientos  de la zona sur de la Ciudad. Se organizan en cuadrillas de trabajo y eligen a un delegado por cuadrilla. Llevan adelante un sistema de puntaje para distribuir los puestos de trabajo en el cuál los que más participaron de las medidas de fuerza son quienes tienen prioridad a la hora de acceder a dichas instancias. Además establecen un mecanismo rotativo donde combinan su labor en la Cooperativa con otros trabajos ocacionales.

Un debate importante tiene que ver con el tipo de contratación y la relación de dependencia. El gobierno de la ciudad considera que tiene un contrato con una Coooperativa de trabajo y que esta a su vez contrata empleados para realizar determinadas labores. Los integrantes de la organizaciones consideran que este es un formato de trabajo precario porque en realidad son empleados del gobierno de la ciudad por lo que deberán tener un convenio como trabajadores estatales donde su empleador les provea cargas sociales, obra social y todos los derechos que tiene cualquier empleado según la legislación nacional.

Por eso, regularmente las organizaciones sociales realizan el pedido de una actualización salarial y establecen una suerte de paritaria con el objetivo de exigir mejoras en sus condiciones laborales al Gobierno de la Ciudad. La respuesta de los funcionarios siempre es que los acuerdos salariales deben ser negociados con las propias cooperativas y no con ellos, por no es el ejecutivo quien realiza la contratación de personal.

El debate continua y sin dudas es una de las cuestiones fundamentales en lo que hace a las políticas de empleo no solo en Capital Federal sino en todo el país.