Malos alumnos

El coordinador del programa Igualdad Educativa (IE) de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Roberto Amette, cuestionó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el incumplimiento de las obras que iban a construir diez nuevos establecimientos educativos y lo vinculó a la falta de vacantes: “Hay un montón de personas que tienen la voluntad de inscribir a sus hijos en el nivel inicial público y al no haber lugar, este los expulsa. En algunos casos puede ser que vayan al sistema privado pero en otros casos directamente se van a su casa”.
“Nosotros observamos desde 2002 hasta 2006 un aumento progresivo en la falta de vacantes en el nivel inicial en la CABA, que tiene como consecuencia una vulneración de derechos, en este caso a la educación, y producto de esta violación, como organización se decide hacer una acción de amparo para que el macrismo resuelva esta situación de falta de vacantes”, recordó el especialista en educación en una entrevista realizada por la radio Frecuencia Zero. “Se llegó a un acuerdo en 2011 para que se remedie este problema. Incluía la construcción de 24 obras para generar los espacios necesarios y así satisfacer la demanda, que ya era en aquel entonces de más de 6 mil alumnos. Lamentablemente sólo se construyeron 14 de esas”, avisó.
“Hemos trabajado en el presupuesto, nos hemos presentado en la reunión de la Comisión de Educación cuando se discutió el proyecto, y también en el pleno. Y lo que vemos en líneas generales es una regresividad en materia educativa. Una baja porcentual que se mantiene sostenida en el tiempo, con algún impasse, pero que tiende a descender”, advirtió. Amette sobre la actualidad económica. “Eso también se expresa en lo que es infraestructura escolar, y repercute en el tema que estamos discutiendo que es vacantes. Para generarlas hace falta crear espacios, aulas, escuelas”, explicó.
“El hecho de que el Gobierno de la CABA se haya comprometido con un acta acuerdo significa un reconocimiento del problema y de la gravedad”, aseguró el coordinador y también agregó que se reúnen en forma periódica con ellos para discutir la realidad. “Evidentemente más proactividad por parte de la Justicia colaboraría a que estas obras se realicen más rápido. El poder judicial también tiene la obligación de garantizar derechos. Esto sería útil para mejorar la situación”, expuso.