Liberaron a los dos acusados por la ocupación del Indoamericano

La Justicia porteño sobreseyó a Luciano Nardulli y Diosnel Pérez Ojeda, los dos imputados en la toma del Parque Indoamericano en 2010 que terminó con cuatro muertos y más de treinta heridos a partir de las represiones de la Policía Federal y la Metropolitana, y los enfrentamientos con los vecinos opositores a la ocupación.El abogado de los procesados, Nicolás Tauber, celebró el fallo, pero aseguró que todavía peligra la libertad de sus defendidos.
La Cámara Penal y de Faltas de la Ciudad N° 14 será la encargada de confirmar la suspensión dictada por la jueza María Gabriela López Iñiguez o de dar lugar a la apelación que realizó la Fiscalía Porteña al respecto.
“Lamentablemente ha sido una constante por parte de los fiscales que responden al Gobierno del ingeniero Mauricio Macri, la persecución a los luchadores populares por el mero hecho de no ser afines a su línea política”, reclamó el letrado en una entrevista realizada por la radio Frecuencia Zero.“Como quedó demostrado en el juicio y como quedó de resalto en la decisión de López Iñiguez,no es que no había pruebas del hecho, no había ningún sustento ni siquiera para la acusación, que no se sostenía en sí misma”, declaró.

“La incriminación del Gobierno de la Ciudad dice que Nardulli y Pérez Ojeda organizaron la toma del Parque Indoamericano y para decir eso se basan en dos pruebas: que participaron de una reunión en Casa Rosada, donde hubo muchísimos dirigentes sociales más, y en una nota que salió en el diario Perfil donde dice que ambos se reunieron en el Puente Avellaneda, desde ahí vieron que estaban tomando y decidieron ir a solidarizarse. La decisión de la jueza, que está muy bien fundamentada y es muy contundente, determinó que desde la propia formulación de la acusación surge que no organizaron, porque si se reunieron después de que había empezado la toma a decir qué hacemos, obviamente no hay una prueba de que organizaron, sino al contrario”, argumentó el abogado en el programa Contragolpe.

“Prefiero ir preso antes que firmar un acuerdo sobre la sangre de los compañeros que fueron asesinados”, contó Tauber que dijeron al unísono sus defendidos cuando la Fiscalía acercó la proposición de firmar un pacto secreto para su absolución. “La idea era cerrar la causa. Algo que ni Diosnel ni Luciano aceptaron por los asesinatos que aún no están resueltos, ni mucho menos para poder aparecer como responsables del déficit habitacional cuando lo único que hicieron es luchar para que haya vivienda digna en la Ciudad”, relató.
“En un principio fueron acusados seis, pero los restantes cuatro son militantes del macrismo o del kirchnerismo fueron beneficiados por un acuerdo entre ellos, representados por Horacio Rodríguez Larreta y Aníbal Fernández hace ya un tiempo, a través de la cual dejaron sin efecto las acusaciones. En dos de esos casos, directamente la Fiscalía dejó de acusarlos sin ningún motivoy después avanzó contra los que no se subordinaron”.”, denunció el abogado.“En primer lugar la oferta era todos o ninguno, y cuando mis defendidos dijeron que no el propio Fiscal General cambió el criterio que venía sosteniendo durante años en casos donde había varios imputados”, agregó.

“Todavía sigue la lucha por el esclarecimiento de los asesinatos donde también somos querellantes y estamos pidiendo el procesamiento de los policías implicados”, concluyó Tauber.

Peso a peso: promesas incumplidas
“Por cada peso que ponga la ciudad, el Estado pondrá un peso”. Con esta frase, el entonces jefe de gabinete Aníbal Fernández explicitaba el acuerdo al que habían arribado la presidenta de la Nación y el jefe de Gobierno Mauricio Macri para resolver el problema de vivienda en la Ciudad tras la toma y la represión que aquel 6 de diciembre de 2010 que tuvo un saldo indiscutible: la muerte de Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez. “El Parque Indoamericano, con las más de 1500 familias que protagonizaron el acampe, desnudó la crisis habitacional y la falta de vivienda que afecta a los sectores más postergados de nuestro país, no solamente en la Ciudad sino a nivel nacional” analizó el Encuentro Memoria Verdad y Justicia en un documento. El reclamo de justicia y las necesidades sociales todavía, a tres años, siguen en pie.