Las familias del ex Padelai denuncian incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno de la Ciudad

Más de 50 familias pertenecientes al edificio del ex Padelai, efectuarán una manifestación con corte al tránsito en la Av. Entre Ríos y Pavón, en reclamo de los subsidios habitacionales y créditos del IVC, que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometieron a entregarles.

El pasado miércoles 4 de enero, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, procedió al desalojo de más de 68 familias que habitan el histórico edificio de la calle Balcarce al 1100, entre los que se hallaban más de 82 niños y niñas.

Para alcanzar la voluntad de las familias de retirarse del ex Padelai en forma pacífica, el Gobierno de la Ciudad se comprometió a la entrega de subsidios habitacionales y créditos del IVC, a fin de garantizar el acceso a una vivienda digna.

Lo cierto es que el día 5 de enero, las familias concurrieron a la sede del Ministerio de Desarrollo Social en la Av. Entre Ríos y Pavón, a fin de retirar los subsidios habitacionales prometidos y se les informó que “no había ningún tipo de pago para las familias del ex Padelai”.

Cabe destacar que el edificio en cuestión se encuentra emplazado en pleno circuito turístico de San Telmo (Balcarce, entre San Juan y Humberto I). Perteneció al Patronato de la Infancia hasta 1978, fecha en que fue expropiado por la Dictadura cívico-militar. Estuvo abandonado por varios años y a partir de 1984, comenzó a ser ocupado por familias de bajos recursos.

A fines de 1991, las familias que vivían en el lugar acordaron con la Intendencia de Carlos Grosso formar la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San Telmo Limitada y un tiempo después se le entregó el Título de Propiedad a la Cooperativa por el 70 % del inmueble.

En el año 2000, el Gobierno de la Ciudad convino otorgar a las familias subsidios y créditos a pagar en 15 a 20 años sin interés, con la condición de que renunciaran a cualquier futuro reclamo sobre la propiedad. Algunas familias aceptaron la oferta y otras se negaron, pidiendo “escritura por escritura” y permanecieron en el predio.

En 2003, en el gobierno de Aníbal Ibarra, con el argumento de peligro estructural y que el inmueble se iba a venir abajo, desalojaron en forma violenta, en un gran operativos policial, con balas de gomas y gases lacrimógenos a las familias que allí estaban viviendo.

Luego del desalojo, el lugar permaneció vacío y abandonado durante seis años; en 2009 el gobierno de Mauricio Macri gestionó un proyecto para expropiar la propiedad y cederlo por 30 años a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de España (AECID); a cambio de su restauración y puesta en valor, pero nunca se concretó.

El 6 de mayo de 2012, considerando que el inmueble se encuentra inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble a nombre de la Cooperativa, el edificio volvió a ser ocupado por las familias tras un acampe de 9 meses en la vereda.

Frente al nuevo desalojo ocurrido esta semana, el miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 1, Juan Ardura, señaló que la Ciudad no estaba garantizando cuestiones concretas que reclaman las familias como que se les asegure una vivienda digna y que no había claridad en lo que estaba ofreciendo el Gobierno de la Ciudad.