La venta ambulante para la subsistencia no está penada

El coordinador del Programa Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, Demián Zayat, describió la situación que viven los vendedores senegaleses. 

El Programa Contra la Violencia Institucional trabaja desde hace muchos años con la comunidad senegalesa. Según sus profesionales la persecución policial contra este colectivo no es nueva, data desde 2010.

Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad del 2010, determinó que la policía y los fiscales deben entender que la actividad de los canteros senegaleses se trata de venta ambulante para subsistencia, algo que no está penado. El mismo fallo estableció que si hay una denuncia de discriminación contra el Estado, éste tiene que aportar pruebas para demostrar lo contrario.

El fallo fue una respuesta a un hábeas corpus basado en lo que les ocurrió a tres ciudadanos senegaleses, Bara Sakho, Ibrahima Mbaye y Serigne Lam, que sufrieron discriminación, arrestos ilegales y secuestros de su mercadería. Además, la policía les retuvo sus documentos provisorios o “precarios” y avisó lo más tarde posible a la Fiscalía.

Demián Zayat señaló que sobre la base de este fallo hasta 2016 les labraban un acta y todo terminaba ahí. “A partir del año 2017 hubo un cambio en la actuación de la Policía; empieza a haber una interacción violenta para poder llevarlos detenidos a la Comisaría por resistencia a la autoridad. Hasta ese momento todo era contravencional”.

A fin del año pasado y principio de este hubo un nuevo cambio. Los inspectores de Espacio Público comenzaron a actuar de forma mucho más violenta. En 2017 su planta se incrementó casi en un 40 % y todos salieron a hacer actas de contravención por faltas. “Salen de civil, es decir, ya no es un inspector identificado, sino que es una persona que va y le saca la mercadería a los vendedores y recién después se identifica”, detalla Zayat.

Cuando ocurren estos hechos los vendedores piensan que los quieren robar y se resisten. En ese momento el inspector llama a los policías y estos los detienen por resistencia a la autoridad.

Esto es un aspecto de la situación que vive la comunidad senegalesa. A partir de la intervención una institución del Estado como el Ministerio Público de la Defensa, se puede observar que existe un modus operandi que deberá ser atendido por el gobierno para evitar situaciones violentas.

Durante los próximos días seguiremos compartiendo más información brindada por Demián Zayat.