LA HISTORIA DE LA DEUDA

Los diplomáticos se agitan, los funcionarios del Ministerio de Economía acumulan tazas de café para mantenerse despiertos, las oficinas de los diputados trabajan a destajo, los ciudadanos no entienden, los medios magnifican. Un país entero se conmueve por la decisión de un juez de E.E.U.U. Y ante todo surge la pregunta más básica. ¿Por qué?

En julio del 2000 un fallo judicial le dio la razón a las denuncias presentadas por Alejandro Olmos, ratificando no sólo la ilegitimidad de la deuda externa sino también el fraude que significa. Se trata de la causa Nº14.467 tramitada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº2. El fallo tiene la firma del juez Jorge Ballestero.

Olmos había llevado adelante una exhaustiva investigación sobre la deuda externa, particularizando el exorbitante crecimiento durante la dictadura militar iniciada en 1976. Se trata de una verdadera causa nacional contra el avasallamiento del FMI y otros organismos internacionales, que contaron con la complicidad de la dictadura y también de todos los gobiernos constitucionales que siguieron (desde Raúl Alfonsín a Cristina Kirchner).

Según el juez Ballestero expresa en el dictamen, la deuda externa “ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política-económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país”. Entre las “no menos de cuatrocientos setenta y siete” irregularidades constatadas en la causa menciona el incumplimiento de la Carta Orgánica del Banco Central, la inexistencia de registros contables de la deuda externa y el endeudamiento forzoso de las empresas públicas.

Como quedó demostrado en la causa, se configuraron los delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y administración fraudulenta. En la causa fue procesado Martínez de Hoz.

A esto debe sumarse “el endeudamiento del sector privado que se hizo público a través del régimen del seguro de cambio”. De los 45 mil millones de dólares de deuda externa establecida en 1982, algo más de la mitad corresponde a la estatización de la deuda de empresas privadas. Esto fue dispuesto por Domingo Cavallo, como presidente del Banco Central en 1982. Luego fue profundizado en 1985 por el entonces presidente del Banco Central, José Luis Machinea, que había sido Gerente de Finanzas del Banco durante toda la dictadura.

Un ejemplo de deuda privada estatizada lo constituye Cogasco SA, perteneciente a la holandesa Nacap BV y constituida con el objeto de construir un gasoducto centro-oeste (Mendoza-Neuquén). Del préstamo de 918 millones de dólares a tal fin sólo se constató la entrada al país de 292. Es resto fue depositado en el exterior y utilizado por la empresa para diversas operaciones de pases, obteniendo importantes diferencias de cambios. Pero aún así el Estado asumió esta deuda.

Esta deuda fraudulenta fue reconocida por Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y los Kirchner. El plan Brady (1989), el Megacanje (2001) y cada “refinanciación” fue acrecentando exponencialmente esta deuda hasta llegar a los 191 mil millones de dólares en 2004.

 

Una historia de fraudes

 

A partir del conflicto con los fondos buitres, el propio Gobierno terminó admitiendo los fraudes que implicaron los empréstitos extranjeros en la historia de nuestro país .Entre ellos, el primero, el empréstito pedido a la banca Baring Brothers, inglesa.

El empréstito Baring fue contratado en 1824 por el Gobierno de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de Bernardino Rivadavia, político centralista, liberal y europeizante. Los objetivos proclamados eran: construcciones portuarias en Buenos Aires, levantar pueblos en la frontera con los indígenas, instalar agua corriente en la ciudad, etc. La casa Baring Brothers era una de las principales casas financieras del Imperio Británico, potencia hegemónica de la época. Además, la familia empresaria proveía de funcionarios y ministros a los Gobiernos británicos.

El empréstito resultó una estafa desde su propia negociación. Se firmó por 1.000.000 de libras esterlinas, pero a eso había que descontarles las comisiones para todos los negociadores y los adelantos de intereses y amortizaciones. Luego de eso, quedaron sólo 552.700 libras. Pero el fraude no terminaba ahí. La casa Baring decidió depositar este dinero en su propio banco y, salvo una ínfima cantidad, el dinero remitido a Buenos Aires fue en letras de cambio. Como garantía del préstamo se habían puesto las tierras públicas de la provincia.

Con ese dinero no se realizaron ninguna de las obras que habían sido el supuesto motivo del empréstito. La mayoría terminó como préstamos en manos de comerciantes: los mismos que lo habían negociado y comerciantes británicos. Préstamos que nunca se devolvieron.

El empréstito Baring terminó de pagarse recién en el año 1904. Para entonces, Argentina había pagado 23.734.766 pesos fuertes, lo que significaba 14 veces el empréstito pedido.

El lunes 23/6 se conoció la Resolución de la Corte de Estados Unidos que dejó en firme el fallo del juez Thomas Griesa. El Gobierno de Cristina Kirchner, luego de hablar en un primer momento de “extorsión”, al final redobló su voluntad de “honrar el 100% de la deuda” con los bonistas.

En el 2003 Néstor Kirchner -con Lavagna como ministro de Economía (hoy con Massa)- decidió reconocer la deuda, desestimando la investigación que probó el fraude. Así firmó un acuerdo con el FMI de stand by por tres años.

En el año 2006 Argentina canceló por anticipado, con reservas del Banco Central, su deuda con el FMI por 9.500 millones de dólares. Como muestra de una “política independiente”, el kirchnerismo acuñó el lema de “desendeudarse” para no tener más compromisos.

Con el canje de deuda que lanzó en el 2005, el Gobierno sacó del default una deuda de 81.800 millones de dólares. Este canje tuvo una adhesión del 76,15% y recortes de la deuda entre 45% y 75%, según el bono canjeado. Se emitieron los bonos atados al CER (un índice inflacionario) y Cupones PBI -incluidos en el prospecto de oferta del canje de deuda- para tentar a los acreedores con la idea de que recuperarían en 12 años la quita nominal del capital.

Pero según el presupuesto 2014, el Estado deberá desembolsar otros 11.500 millones de dólares en los próximos dos años. Redondeará con eso un costo total de 20.000 millones de dólares a lo largo de los tres mandatos del kirchnerismo.

La misma premisa de “honrar la deuda”, pero esta vez sí para conseguir más crédito, es la que se usó en el acuerdo con el Club de París. A raíz de este acuerdo se terminará pagando 9.700 millones de dólares, de una deuda reconocida por el Gobierno de US$6.700 millones y contraída por la dictadura de 1956.

En resumen, se puede haber reducido deudas con los holdouts pero con las reestructuraciones y los nuevos préstamos tomados de las cajas públicas del Anses, más los intereses, más los compromisos de los bonos PBI, lo que se ha logrado en esta década ganada es que se deba más que en el 2002, amasando una deuda de 200 mil millones de dólares aproximadamente.

Si se paga el total de lo que pide el 1% que implica el fallo de este juez, el otro 7% que aún no acordó en canje exigirían lo mismo y elevaría el monto de deuda en 150 mil millones de dólares. Esto no podría ser afrontado por la Argentina ya que cuenta en las reservas con 28 mil millones de dólares.

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