La fiscal porteña Celsa Ramírez considera que existe una asociación ilícita que infringe la Ley de Marcas.

La titular del la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº35, del Ministerio Público Fiscal de CABA consideró que los migrantes de origen senegalés, que venden en el vía pública, organizan una red delictiva para vender ropa de marcas falsas.

Luego de los 27 allanamientos simultáneos en diferentes locales comerciales, departamentos y hoteles de los barrios de Once y Flores  solicitados por la Fiscal,  y autorizados por el Juzgado Penal, Contravencional y Faltas N° 25, a cargo del juez Ladislao Enre, la Dra. Celsa Ramírez, informó que la investigación se inició el año pasado en el barrio de Liniers vinculada a la venta ambulante, depósitos y talleres clandestinos, que existen en dicha zona y también, en las avenidas Avellaneda y Nazca de Flores, en Once y Constitución.

“A partir de esta pesquisa hemos logrado determinar varias viviendas que son utilizadas como depósitos de mercadería y se constató las condiciones infrahumanas en las que viven estas personas”, expresó la Fiscal al programa radial Buenos Vecinos Balvanera.

Señaló que hasta la fecha se pudo comprobar que hay una organización que mueve un capital importante, estas personas cuando llegan a la ciudad tienen previstos los proveedores de mercadería, vivienda, manejo de dinero nacional. Muchos de ellos tienen DNI y otro tienen pasaporte con residencia precaria.

El objetivo de la investigación es “llegar a la organización que está detrás de esta actividad ilegal”, aseguró y consideró que “existen una serie de delitos más allá de la venta ambulante, vinculados a la explotación laboral de personas, evasión tributaria, contrabando e infracción a la Ley de Marcas”.

“En la gran cantidad de mercadería que se incautó el viernes pasado se determinó que hay mercadería proveniente de china, brasil y nacional”, describió, aunque no reveló si fueron identificados los proveedores.

Por tratarse, la falsificación de marcas, de un delito federal intervino el Juzgado Federal a cargo del juez Sergio Torre.

Por último, indicó que hay 40 imputados de origen senegalés. “En ninguno de los casos se constató que tuvieran calidad de refugiados políticos. Estamos trabajando para determinar quienes se esconden detrás de esta organización, ya que esta actividad ilegal no sólo afecta la economía de la ciudad, sino que utiliza a algunos inmigrantes senegaleses, sin recursos, obligándolos a vivir en lugares precarios sin la mínimas condiciones de seguridad”.

Como ya fue narrado en notas anteriores de Abran Paso, los trabajadores de Senegal rechazaron estas acusaciones, contaron que compran sus mercaderías en locales de la zona de Once y que la venden en la calle porque no tienen otra oportunidad laboral.