Jornada contra Monsanto

El colectivo “Millones contra Monsanto” realizó la convocatoria para este viernes 12 de octubre a las 16 horas al Congreso de la Nación, manifestándose a favor de otro modelo productivo donde haya soberanía alimentaria y contra la compañía multinacional de semillas.

Las consignas son “No a la modificación de la Ley de Semillas, ni al patentamiento de estas, no a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), no al monocultivo, no al modelo biotecnológico extractivista, Justicia para Miguel Galván y Cristian Ferreyra”.

 
En este marco, hablamos con nuestro columnista de ecología social, Maximiliano Mendoza, acerca del rol que juega el Estado en relación con estas corporaciones, el modelo productivo agroalimentario, qué es la ley de semillas y sobre el asesinato de Miguel Galván:

El modelo productivo de los agronegocios ayer (jueves 11 de octubre) cobró otra vida, la de Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MoCaSE-VC), asesinado por Paulino Riso, uno de los tantos sicarios de empresarios agropecuarios. Días atrás, el MoCaSE-VC emitió un comunicado en el que denunciaba las amenazas y persecuciones de grupos paramilitares a familias campesinas. También señala que muchas familias de la zona ya habían denunciado en reiteradas ocasiones haber sido hostigadas por sicarios de la Empresa La Paz S.A., que pretende alambrar parte del territorio perteneciente a las comunidades indígenas.
Una clara situación en la que lo primero que a uno se le ocurre analizar como nos tiene acostumbrado el inconsciente es ver las responsabilidades individuales de esta situación. Pero uno no deja de tener en cuenta que este lamentable suceso se inscribe en una dinámica de mercado que no puede excluirse del análisis concreto de esa situación y en particular del agronegocio y de la expansión de la frontera sojera y de la frontera agrícola en general.
Hablamos de las tensiones sociales que aparecen a partir de los agronegocios que termina en estos sucesos. En el análisis concreto de las responsabilidades esto no termina en la empresa La Paz S.A., ni en el sicario que asesinó a Miguel Galván, (que sigue en libertad). La cosa no va a terminar con la condena del sicario ni que en el derecho penal funcione, y que un juez comprometido lo detenga y lo condene.
Dentro de lo que es el plan estratégico nacional tiene que ver con un modelo productivo que se está impulsando. El anuncio del plan estratégico agroalimentario 2020 que se presento el año pasado y que planificaba llegar en el 2020 a las 160 millones de toneladas de granos, un 60% más de lo que es la cosecha actual y dentro de ese porcentaje un 20% más de soja. En sus 180 carillas apenas en 3 hablan de la agricultura familiar y que los campesinos e indígenas no están mencionados en ningún momento. El plan agroalimentario incluye a espacios y movimientos como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero para que participen con la lógica de quedar un mercado nicho, como poner en el corral a aquellos sujetos rebeldes al agronegocio. El Estado organiza las disidencias, y crear un islote de cultura familiar en el océano de los agronegocios, un pequeño oasis en el mar de los transgénicos, me parece que ahí esta la clave para entender lo que esta sucediendo.
Duele mucho ver mucho como en el comunicado del MoCSA no menciona nada de la modificación de la ley de semillas para pagarle patentes a corporaciones como Monsanto, y lamentablemente en el escenario que plantea el plan estratégico agroalimentario vamos a tener mayores desmonte, mayor migración de campo a ciudad, mayor hacinamiento de la periferia humana, una intensificación en el uso de los agroquímicos que fueron incrementándose de manera exponencial en los últimos años. Se configura un espacio en el cual la curva de acumulación de capital va a ir creciendo. Para el estado y para las corporaciones integrar a los sujetos de resistencia es muy importante en el sentido de que tienen que tenerlos controlados, no puede salir mal. Y lamentablemente la gente que se sentó a negociar y a integrarse en esta cadena productiva, tiene sus limitaciones a la hora de plantear problemas políticos concretos.
La ley 20.247 que rige en la Argentina, la antigua ley de semillas es una ley que data de 1973 cuando el ministro de agricultura de Campora la sanciono en términos de cuidar el germoplasma, es decir el archivo de semillas argentino en manos del Estado. Esto fue cambiando con los años y hay dos convenios, los derechos de los efectuores vegetales que están amparados por varios convenios internacionales, uno de 1978 y otro de 1991. El del 91 hace un reconocimiento de la doble protección, es decir el derecho del ostentor del uso propio y el sistema de patentes. La ley de semillas en argentina se ajustaría a lo que dice el convenio de 1978. Lo que se busca con esta nueva ley es argentina se adecue a este último convenio y acomodar esta legislación en beneficio de corporaciones como Monsanto.”