Grupo de expertos de la ONU advirtió al Gobierno Porteño por situaciones de discriminación y violencia contra los senegaleses

El Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes finalizó su visita oficial a la Argentina, realizada entre los días 11 y 18 de marzo de 2019.

Evaluó la situación de los derechos humanos de las comunidades africanas que viven en la Argentina, y recabó información sobre racismo, discriminación racial, xenofobia, afrofobia y formas conexas de intolerancia.

Antes de abandonar Argentina, el Grupo de Trabajo de Expertos presentó un informe donde alerta que “las fuerzas de seguridad discriminan por perfilamiento racial”, que se los trata como personas peligrosas “que vienen a sacar el trabajo y que son responsables de la inseguridad del país”.

El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, durante una reunión que mantuvo con los vecinos de Balvanera el 16 de diciembre en el Amérian Congreso Hotel afirmó que “hay situaciones muy violentas. Yo no tengo nada contra gente de otros países, pero uno de los grupos más violento es extranjero. Estamos trabajando en ver si podemos extraditarlos”, destacó en medio de un estruendoso aplauso.

Según el informe del grupo de la ONU, “Los estereotipos negativos de los/as afrodescendientes los/as identifican como delincuentes peligrosos/as y violentos/as, narcotraficantes y trabajadores/as sexuales, contribuyen a un control policial excesivo”.

El informe sostiene que le violencia no proviene de los africanos como afirma Rodríguez Larreta, sino que hay un “accionar desproporcionado de las fuerzas policiales contra los vendedores ambulantes de descendencia africana, la mayoría de los cuales son senegaleses (…) son acusados de contravenciones como resistencia a la autoridad o vulneración de la ley de marcas, sufren violencia policial, detención arbitraria e incautación de su mercadería. Aquellos/as que poseen una condición migratoria irregular  tienen una mayor situación de vulnerabilidad. El resultado en todos los casos es que después de su arresto y detención sin orden judicial (…) son liberados por el fiscal o el juez. Esta práctica se repite como una herramienta de acoso sin ninguna necesidad de rendir cuentas”. Agregan que, “la brutalidad en torno a los arrestos hace que se violen aún más los derechos humanos”.

Los expertos de la ONU aconsejaron que se tomen medidas para evitar el “excesivo control policial de los/as vendedores/as ambulantes de descendencia africana” porque, ante “la falta de un fundamento jurídico que lo autorice, los arrestos sin orden judicial son ilegales.

También recomendaron que se corrija la condición de inmigrantes irregulares de estos vendedores mediante una medida oficial del gobierno. “La amnistía otorgada en 2013 a los/as migrantes indocumentados resultó una buena práctica y debería repetirse”, destacan y consideran que los africanos deberían tener acceso a clases de idioma español tomando en cuenta su necesidades. Sugieren contar con otros caminos para facilitar el acceso de los/as inmigrantes a la ciudadanía.

Por último, el Grupo de Trabajo propuso la inclusión de una pregunta cuando arriban a la alcaidía o a la cárcel para saber si se autoidentifican como afrodescendientes y reclaman “una investigación independiente y exhaustiva en relación con el accionar policial dirigido a los/as vendedore/as ambulantes en la ciudad de Buenos Aires, a fin de monitorear e identificar a quienes cometen discriminación racial, actúan con violencia y roban la mercadería y, además, desarrollar recursos a los que puedan recurrir los vendedores y combatir la impunidad”.

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