Fallo de Cámara en favor de los medios vecinales

Medios de comunicación social y barrial acudieron a la justicia por una merma en la pauta oficial que reciben por ley.

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario ratificó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo ante recortes en la pauta oficial pública que dispone el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según lo establecido en la Ley N° 2.587.

Máximo Merchensky, subsecretario de Comunicación Social de la CABA, firmó la Resolución N° 813/2018 que rebajó en un 19% el valor de la pauta publicitaria que corresponde a los medios vecinales gráficos, digitales, radiales, televisivos.

Esta situación, sumado a la crisis económica vigente en el país, complicó las finanzas y continuidad de muchos medios. Luego de varias asambleas en las redacciones de los medios, varios editores, unos 58, se agruparon y, con patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad, impulsaron el amparo “SERRES, LUIS ALBERTO Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE – AMPARO – OTROS”.

La sentencia expresó que: “La Resolución n° 813/2018 no se ajusta al bloque normativo que regula la materia (conformado por la ley n° 2587 y el decreto n° 933/2009) incurriendo en un exceso reglamentario, en la medida en que ha modificado –por un lado- el alcance dado por el legislador al art. 13 de la ley n° 2.587 y su reglamentación por el decreto n° 933/2009 cuando alude al “valor más bajo del espacio publicitario de toda la página siete (7) del diario pago de mayor tiraje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” que no coincidan con un precio promocional o al que se le aplique un descuento de cualquier naturaleza. Y, por el otro, al haber establecido que los importes se calculan semestralmente en lugar de mensualmente (cf. decreto n° 933/2009, Anexo, art. 13).
Tampoco se ajusta la regla jurídica que dispone que “…la Pauta Institucional no podrá ser inferior al mayor valor percibido” (art. 13, in fine, anexo del decreto n° 933/2009)”.

“Pues bien, es dable insistir que la resolución administrativa debe necesariamente subordinarse a la ley y al decreto que reglamenta. Así las cosas, las facultades reglamentarias asignadas a un órgano inferior del Poder Ejecutivo respecto de los actos de la Legislatura y del Jefe de Gobierno no incluyen la posibilidad de modificar el alcance de estos. Admitir lo contrario atenta, por un lado, contra la regla constitucional que impide alterar el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias; y, por el otro, el principio de jerarquía (la resolución frente al decreto reglamentario)”, se agrega.

Según el ODC, en la demanda se sostuvo que la Resolución N° 813/2018: Viola la Ley N° 2.587 que regula la contraprestación publicitaria de los Medios Vecinales de Comunicación Social y su Decreto Reglamentario Decreto N° 933/2009; Lesiona los derechos culturales reconocidos en el art. N° 32 de la Constitución de la Ciudad y en la Ley N° 2.176. La protección de los Medios Vecinales y su sustentabilidad económica garantizada por la Ley N° 2.587 tiene por objeto proteger también otros derechos culturales de los habitantes de la Ciudad, como el derecho a la democracia cultural, el derecho de acceso a la diversidad y pluralidad de opiniones, el derecho a la protección y difusión de la identidad pluralista y la historia de la ciudad, el derecho a la superación de las barreras comunicacionales, el derecho a la libertad de prensa y expresión en su faz colectiva, etc.

Aseguró que los legisladores de la Ciudad “quisieron otorgar certidumbre a los Medios Vecinales, eliminar la discrecionalidad por parte del GCBA y garantizar la actualización permanente de los montos de acuerdo con las fluctuaciones del mercado”: “La Resolución N° 813/2018 destruye estos derechos”.

Sumó que la Resolución N° 813/2018 “constituye una violación flagrante del principio de no regresividad en materia de derechos humanos al modificar el sistema tarifario de pautas institucionales para los Medios Vecinales reduciendo los montos percibidos afectando la permanencia de la labor de cada uno de ellos y su sustentabilidad. Esto es un retroceso de los derechos adquiridos por los Medios Vecinales hace más de 10 años”.

Los Medios Vecinales actores del amparo declararon: “La disminución ilegal de la pauta oficial, ahora reconocida por la justicia, es parte de una política de persecución y disciplinamiento de los medios vecinales que se integra con las sanciones que el GCBA está realizando sin sustento fáctico y cumplir los procedimientos administrativos.”

Sumaron que “actualmente 269 medios vecinales porteños reciben $5 de cada $100 que el Gobierno de la Ciudad invierte en materia de publicidad”. Editorializaron: “Con el objetivo de reducir el presupuesto, el Subsecretario Merchensky decidió avasallar la sustentabilidad de los Medios Vecinales con descuentos ilegales e inconstitucionales”.

En el sitio Letra P los estudiosos de medios Santiago Marino y Agustín Espada relevaron los gastos en publicidad oficial y señalaron: “Al analizar cómo se distribuyó la publicidad oficial que contrató el gobierno de Rodríguez Larreta, lo primero que resalta es la relevancia de internet. Unos 250 millones de pesos, el 23% del total, se destinaron a pautar en páginas webs y redes sociales. Es la segunda plataforma con mayor presupuesto, detrás de la TV abierta (25,4%) y seguida por la vía pública (14,9%), la gráfica (diarios 8,3% y revistas 3,2%), las señales de tv paga (11,3%), la radio (8,3%), los medios vecinales (3,9%) y el cine (1,8%)”.

“Párrafo aparte merece la publicidad que el Gobierno de la Ciudad destina, por ley, a medios vecinales. Entre ellos se encuentran medios comunitarios y sin fines de lucro. Mientras el presupuesto total de publicidad oficial invertido creció un 48%, el destinado a este tipo de medios sólo lo hizo un 29%, lo cual redujo un 13% su participación en la torta general (del 4,43% en 2016 al 3,88% en 2017). Este recorte se da sobre la porción más pequeña de todas entre los distintos tipos de plataforma, que otorga fondos y se divide al 43% de los beneficiarios de la pauta. Es decir, se recorta sólo la porción más chica de la publicidad que beneficia a una porción mayoritaria que incluye medios que trabajan localmente los temas de la ciudad, muchos de ellos son comunitarios. En el destrato a los sin fines de lucro los gobiernos de Macri y Rodríguez Larreta se parecen”, añaden.

No es la primera vez que los medios vecinales tienen encontronazos, dirimidos vía litigio, con el Gobierno porteño en general y con el partido que administra la CABA desde 2007.

En diciembre de 2008, el sitio Palermo Online, denunciaba: “En el marco de las evaluaciones de los Medios Vecinales para acceder a la Publicidad Oficial, el Veedor titular por el soporte digital del Registro 2009 de Medios Vecinales de la Ciudad, Ariel Rosales -Director de Los Barrios Hablan- recibió condicionamientos y persecución política e ideológica por parte de Carlos Galligani, Director General de Coordinación de Prensa de la Secretaria de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad. La tarea del Cuerpo de Veedores es la de contralor de la Comisión Evaluadora que determina qué Medios Vecinales cumplen con los requisitos de la Ordenanza Nº 52.360 y su Decreto reglamentario Nº 796 para ingresar al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la Ciudad y así acceder a la Publicidad Oficial del Gobierno porteño”. La existencia de medios vecinales en la Ciudad de Buenos Aires es antiquísima y cuenta con más de 100 años de historia. Recientemente, a fines del siglo XX un grupo de editores empezó a reunirse a fin de lograr un apoyo estable para imprimir periódicos, revistas y hacer envíos radiales o televisivos. Gracias a su lucha, se logró la normativa vigente, que sentó un precedente por su perfil pluralista (acceder a una misma pauta al cumplir requisitos básicos de forma) y que generó la creación de puestos de trabajo, la edición de medios de calidad y el fomento a un periodismo territorial, enfocado en la historia, sociedad y política de los barrios.