El Ministerio Público de la Defensa realizó una demanda para que el Gobierno porteño proteja a los trabajadores migrantes

Foto. Ministerio Público de la Defensa

Trabajadores de la economía popular, entre ellos los vendedores ambulantes, atraviesan una situación de vulnerabilidad crítica en el contexto de emergencia sanitaria porque no pueden trabajar ni acceder a las ayudas estatales.

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires informó que un grupo de trabajadores de la economía popular de origen senegalés presentaron una demanda para exigirle al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el diseño de un plan de protección integral que resguarde los derechos del colectivo migrante de trabajadores de la economía popular, en el contexto de la situación epidemiológica provocada por el coronavirus. La presentación se llevó adelante con el patrocinio de la Defensoría Nº 5 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de Ramiro Dos Santos Freire,

Desde Ministerio informaron en un comunicado que la Secretaría Letrada de Economía Popular del MPD apoyó la presentación con un informe que comprueba el estado de vulnerabilidad crítica que el sector venía atravesando y que ahora se ve agravado por las disposiciones en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La demanda exige al GCBA la adopción de una serie de medidas con el fin de garantizar la protección integral del colectivo mencionado, en relación con el acceso a la salud, la vivienda y la seguridad alimentaria, a la vez que impulsa la creación de un espacio de trabajo institucional con representantes de todas las partes para dar tratamiento a las distintas problemáticas de los trabajadores en el contexto actual. 

El dictado de la medida cautelar requerida tiene como objetivo combatir las consecuencias económicas que sufren los individuos del colectivo migrante, que en gran medida subsisten mediante el trabajo informal y que ya no pueden desarrollar su actividad de venta callejera. 

Asimismo, las personas migrantes se encuentran en su gran mayoría excluidas de la ayuda social prevista por el estado nacional o por el GCBA, tales como salario complementario o asistencia económica, por las complicaciones para regularizar su situación de residencia u obtener la nacionalidad. 

En lo que se refiere específicamente el conjunto de trabajadores migrantes y sus familias, se encuentran en una situación de marginalidad extrema y sin la debida asistencia pública en el marco de la Constitución y de los pactos de derechos humanos vigentes. Entre otras cuestiones, las barreras lingüísticas, la imposibilidad de acceder a trabajos formales, a la vivienda, al sistema de salud y a la documentación apropiada, generan un círculo vicioso que les impide desarrollar el derecho a la vida.

En varios informes producidos por el MPD, se da cuenta de la especial discriminación que sufren los trabajadores migrantes, quienes se dedican mayoritariamente a la venta ambulante y que padecen, de forma desproporcionada, altos niveles de violencia institucional. El comunicado del Ministerio finaliza advirtiendo que “todo esto profundiza su situación de indefensión, a la vez agravada por problemas estructurales de xenofobia, racismo y diversos modos de exclusión”.