El estigma metropolitano

Un efectivo de la Policía Metropolitana disparó contra un joven de 20 años en el barrio de La Boca. Sus familiares, vecinos y organizaciones sociales denuncian que se trata de un nuevo caso de gatillo fácil. 

El joven, Lucas Cabello, permanece internado en estado crítico. Fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Argerich. Le practicaron una traqueotomía, le extirparon un testículo y no se le pudo sacar una bala alojada en la médula.

Consultada por este caso, vicejefa de Gobierno porteño y flamante gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó que se trata de una intervención de la Policía Metropolitana ante un caso de violencia de género. Sin embargo su versión está en contradicción con la declaración de la familia y de los vecinos de Lucas que, ante la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), aseguraron que el chico volvía de comprar en un negocio del barrio.

Según testigos presenciales, el lunes alrededor de las 16 horas Lucas regresaba de la panadería con su hija de la mano y dos sándwiches que acababa de comprar en la otra, cuando recibió del oficial Ricardo Ayala un balazo que lo tiro al piso y estando en el suelo, le disparó dos tiros más.

El subjefe de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedace, adjudicó a una “confusión” en lo que dijo la vicejefa de Gobierno y admitió que el integrante de la fuerza que hirió de tres balazos Lucas Cabello tras una discusión en el barrio porteño de La Boca, podría ser “exonerado de la fuerza”.

El colectivo organizador del Ni Una Menos cuestionó públicamente la utilización de la violencia de género que hizo Vidal para justificar los tres disparos que efectuó el agente sobre Lucas Cabello.

En un texto titulado “No en nuestro nombre: la violencia machista no justifica la violencia policial”, el colectivo afirmó, que “la búsqueda de justificación de un caso más de gatillo fácil muestra con claridad dos cosas: que el Estado porteño se ampara en un problema real -la violencia contra las mujeres- para avalar un accionar en extremo punitivo, sin respeto al debido proceso ni a las garantías constitucionales”.

Además cuestionaron “el uso de botones antipánico, que se accionan cuando la persona denunciada ya está a la vista  de la víctima, hacen que sea ella quien deba ser garante de su propia seguridad”. Y consideraron que “el uso de pulseras y el monitoreo electrónico de los agresores por parte de los Ministerios de Seguridad preservarían la seguridad de las denunciantes”.

Cuando declaró Ricardo Ayala, el agente de la Policía Metropolitana ante el Juzgado de Instrucción35, acargo del juez Osvaldo Rappa, dijo que el joven de 20 años estaba armado, que levantó su remera y tenia un arma en su cintura, por lo que le disparó 2 veces.

El testimonio de Ayala se contradice con la declaración de la familia y de los vecinos de Lucas ante la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). También se contradice con las pericias de la Policía Federal. Sólo encontraron las vainas del arma del metropolitano y además eran 3, y no 2 como él declaró.

El padre de la víctima, Rubén, contó que los disparos fueron “uno en la pera que le quedó alojado en la médula, otro en un testículo y otro en un brazo”.

Los abogados de la familia del joven baleado solicitaron el procesamiento con prisión preventiva para Ricardo Ayala y consideran que la Policía Metropolitana está teniendo una actitud de entorpecimiento con la causa. El Juez Osvaldo Rappa deberá determinar en un plazo no mayor a 10 días si da lugar al pedido de la defensa.

Mientras tanto Lucas ya despertó, pero no puede mover las piernas ni lo brazos por el daño que tiene en la médula y no puede hablar por la traqueotomía que le realizaron.

Sus padres, su hermana, su esposa, su hija, sus vecinos y las organizaciones sociales de La Boca esperan su recuperación y exigen justicia por lo que consideran un nuevo caso de gatillo fácil.