Detenciones arbitrarias en la zona de Once

Organizaciones de manteros y organismo de Derechos Humanos denuncian la detención arbitraria y agresiones contra vendedores ambulantes.

El viernes pasado, Ari Suárez se encontraba dentro de la Estación de Once desayunando con sus paraguas sobre la mesa, no estaba vendiendo. En ese momento fue rodeada por inspectores de Espacio Público y personal de civil sin identificación, que luego se presentó como parte de la brigada de la Comisaría 7°.

Sin ningún fundamento y sin diálogo previo una mujer del personal policial le sustrae los paraguas y ante la reacción de la vendedora la golpea con puñetazos hasta que se cae al piso. Allí continúa recibiendo golpes hasta que la detienen y esposan.

Suárez fue acusada por la funcionaria policial, ante el fiscal de turno, de los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

El sábado por la mañana detuvieron a otra vendedora ambulante en Av. Pueyrredón y Perón con un operativo policial de 20 efectivos, una compañera suya logró sacar algunas fotos y enviarlas, pero bajo amenaza tuvo que dejar de registrar los hechos.

Valeria vende café y facturas y contó que fue detenida cinco veces en menos de 45 días e imputada por el delito de resistencia a la autoridad.

Según los organismo de derechos humanos como el CELS las detenciones a vendedores ambulantes de manera diaria y sistemática en Once son ilegales.

“A diario decenas de vendedores ambulantes son detenidos en toda la Ciudad por funcionarios policiales de manera arbitraria y sin causa. Estos policías mienten ante la Justicia y acusan a ciudadanos inocentes de delitos que nunca cometieron”, denunció la organización Manteros Libres en un comunicado.

La organización de costureros bolivianos, COTAI también manifestó su preocupación por la situación que atraviesan los vendedores: “nos solidarizamos con los vendedores de la vía pública, porque entendemos en la piel lo que les pasa a ellos”.

EL conflicto de la venta ambulante se recrea una y otra vez. Sufren los vendedores y se preocupan los vecinos disgustados por la ocupación del espacio público. La incapacidad de las autoridades correspondientes para encausar el conflicto se configura en uno de los obstáculos determinantes para lograr una buena resolución.