Cuando reclamar tierra y trabajo es un delito

18-07-12

Causas sin pruebas, juicios farsa y mas de 4000 luchadores populares procesados por la justicia. Si esta cárcel sigue así…

A lo largo de nuestra historia, nuestro pueblo siempre se ha manifestado en  las calles, y se  fue organizando de  diversas  formas  para  hacer  escuchar  su  voz  y  defender  sus derechos.  Huelgas, ocupaciones de fábricas, movilizaciones, cortes  de  ruta;  escraches  a  genocidas, toma de tierras y de edificios públicos son algunas de esas expresiones durante  estos  últimos años.

Sin embargo actualmente  existen  en  nuestro  país  más  de  4000  personas  criminalizadas  y  judicializadas; todas causas  abiertas  entre  el  2001  y  el  2012  contra  los  sectores  populares  movilizados (trabajadores, campesinos,   estudiantes,  comunidades  indígenas  y  grupos ambientalistas,  entre  otros). El  número de procesamientos muestra que, lejos de ser casuales, éstos forman parte de una política de Estado, expresada a través de una de sus patas: la justicia.

¿Qué entendemos por criminalización de la protesta?

La  criminalización  de  las  luchas  es  una  de  las  formas  que  asume  la  represión  para  inmovilizar  a  las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades.  En algunos casos es utilizada como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros, articuladamente con ésta.

De esta forma los gobiernos, tanto nacional como de la Ciudad, apuntan a varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado, frenar  el  conflicto  social,  acallando y  domesticando  las  disidencias. Por otro, correr el eje de la injusticia denunciada hasta plantear que lo  que  está  sucediendo  es  un  “delito”, una “amenaza para el orden legal”, una  “violación a la ley”, deslegitimando  la  lucha.

 

Empresa-ministerio-sindicato, las tres patas de esta política

El  Ministerio  de  Trabajo  es  una  correa  de  transmisión  clave de esta  política  a  través  de  conciliaciones  obligatorias,  declaración  de  ilegalidad  de  las  huelgas, desconocimiento  de  los  cuerpos  de  delegados  y  de  los  nuevos  sindicatos  a  favor  de  los jerarcas sindicales y los intereses empresariales. “En diciembre de 2010 recuperamos la comisión interna del call center Teleperformance, en un contexto donde habían echado ya a 2000 compañeros, y comenzamos a frenar los despidos. En julio de 2011 despiden a 36 trabajadores más y, luchando por su reincorporación, la empresa me abre una causa penal por amenazas a un gerente. En agosto, en complicidad con el Ministerio de Trabajo  y actuando en conjunto con la dirección del Sindicato de Empleados de Comercio, la empresa finalmente cierra el call center, despidiendo a los 200 trabajadores que quedábamos. Actualmente estamos luchando por la reinstalación y el cierre de las más de 20 causas que nos abrieron por luchar”, grafica Fernando Almejún, delegado de cuenta despedido de Teleperformance.

¿Qué se busca con la criminalización de la protesta?

Se busca frenar, entre otras cosas, el proceso de organización independiente del Estado  y  las  patronales que se viene desarrollando en fábricas y empresas,  que  pone  en  pie  las  asambleas  y  cuerpos  de  delegados  en  oposición  a  los jerarcas sindicales.  Esto es lo que realmente les preocupa.

La protesta por lograr conquistas favorables a los diferentes sectores populares, es un derecho que no requiere permiso ni acepta censura. Si este derecho nos falta, todos los demás derechos están en riesgo.

“Nos pegan en todos los terrenos. El terreno judicial es el que ellos saben manejar y nosotros estamos aprendiendo porque la verdad que el terreno nuestro es la defensa de los derechos de todos los trabajadores (pero) cada vez que salimos a pelear nos arman nuevas causas”. Néstor Marcolín, delegado de la línea 60. Acusado de agresión a personal/patotas de la empresa, en el marco de una lucha por respetar los horarios de descanso de los choferes. Absuelto.

“Hoy se demostró acá, con la unión de toda la base del subte y el cuerpo de delegados, que no pueden y que no van a poder. En esta estamos todos y como siempre se dijo en el subte, si tocan a uno, nos tocan a todos”. Néstor Piriz, delegado del subte, acusado de agresión a personal de seguridad de Metrovías en el marco de un paro exigiendo el reconocimiento gremial y jurídico de su sindicato, AGTSyP. Absuelto por falta de pruebas.

Lo que queremos no solo es que dejen de perseguirnos a nosotros sino que los que tienen que estar en cana son los verdaderos asesinos materiales, que son 44 policías imputados en esto, y los responsables políticos. A un año y medio del Indoamericano queda pendiente la promesa de un gobierno y otro de poner un peso y un peso hasta tanto resolver el problema de la vivienda.  Han gastado mucha plata para procesarnos a nosotros y no se han dignado a resolver ninguna de las cuestiones que hacen al tema de la vivienda” Luciano Nardulli, dirigente barrial, procesado junto a Diosnel Perez, por “incitar” la toma de tierras en el parque indoamericano. 

 

Tierra y trabajo

Los sectores a los que ha apuntado con más fuerza esta política de criminalización son hacia los trabajadores (31,6%) y hacia los pueblos originarios (31,4%), que suman  el 63% del total de casos registrados. Es decir, se criminalizaron los reclamos por tierra y vivienda y por trabajo.

 

¿Todos podemos ser terroristas?

La Ley Antiterrorista,  sancionada en 2007 y modificada a fines de 2011 con el voto oficialista, de radicales y del PRO, permite duplicar las penas  contra los acusados si los jueces entienden que  el delito se cometiese para “aterrorizar a la población”. Esta frase es tan abarcativa que cualquiera de los luchadores actualmente procesados podrían entrar en esa carátula. De hecho, y pese a que el gobierno afirmaba que no se iba a utilizar contra organizaciones populares, la ley fue “estrenada” con los asambleístas detenidos en Catamarca por impedir el paso a camiones de la megaminera Barrick Gold.

 

Para muestra, el proyecto X

Con  la causa  Kraft, quedó al descubierto  el  espionaje  de  este gobierno  sobre  las  organizaciones populares  a  través  del  Proyecto  X  de  Gendarmería  y  de  otros  organismos  de  Inteligencia.  El reconocimiento  de  la  Ministra  de  Seguridad Garré de este caso demuestra  que  se  utiliza  ese  espionaje para armar las causas judiciales con las que son perseguidos numerosos trabajadores y luchadores, en este caso, dirigentes de la lucha contra los despidos en el 2009 y hasta dirigentes políticos que se solidarizaron con esa lucha.