CAMPAÑA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE ESTADO

Con la participación de organismo de derechos humanos y delegados sindicales familiares de víctimas de la impunidad y la corrupción de Estado lanzaron una campaña llamada Hacete Cargo.

 

El viernes 23 de agosto trabajadores, usuarios y familiares de la tragedia de Once marcharon unidos a la Plaza de Mayo para reclamar justicia y una verdadera reestatización de los ferrocarriles. Participaron de la masiva convocatoria diversos dirigentes políticos, sindicales y sociales, entre ellos: Rubén Pollo Sobrero, delegado del Sarmiento; Pablo Micheli, secretario general de la CTA; Claudio Lozano, candidato de UP en Camino Popular; el metrodelegado Claudio Dellecarbonara. También se destacó la presencia de Paolo Menghini y María Luján Rey, padres de Lucas Menghini Rey.

Hoy 30 de agosto, reunidos en un local de ATE-Capital, los familiares de víctimas de impunidad y corrupción de Estado hicieron pública su propuesta de campaña “Hacete cargo” para impulsar que los funcionarios públicos dejen de ser impunes.

Los familiares de distintos casos de víctimas en democracia se fueron encontrando en la lucha: causas de Once, Cromañón, gatillo fácil, violencia institucional y policial, trata de personas, la infancia fumigada por agrotóxicos y tantos otros, todas muertes producidas por la corrupción, la desidia y la impunidad de Estado. Se fueron acompañando. Comprendieron que las causas judiciales no avanzan si no hay movilización.

Su experiencia les dice que cuando el implicado es un funcionario: hay impunidad. Y esa impunidad hace posibles nuevas muertes a manos del Estado.

“La impunidad es peor sobre los más vulnerables. Pero nos afecta a todos.” Por eso se proponen hacer una campaña pública. No quieren sólo testimoniar desde lo que les ocurrió, sino hacer un aporte por todos. Por los que no están, por los que están y por los que vendrán.

La campaña que lanzan quiere abrir un debate en la sociedad e interpelar a todos los candidatos para que se expidan al respecto. Proponen:

– Que todos los funcionarios públicos, y quienes más adelante asuman, deban sujetarse a una ley que especifique que los delitos cometidos por funcionarios en ejercicio de la función pública sean imprescriptibles, tal como son los de lesa humanidad. Que los responsables puedan ser juzgados en cualquier momento y lugar, y que deban responder civilmente (con sus bienes) y penalmente (con la pena que corresponda).

– Que ser funcionario no sea un pasaporte a la impunidad.

– Desnaturalizar la idea del funcionario público como alguien que se enriquece a partir de la función pública, y como alguien que está más protegido que nunca para delinquir.

Proponen la junta de firmas para adherir a esta campaña. En el mismo sentido, también han conformado el Observatorio de Acción contra la Impunidad.