Balvanera es uno de los barrios con mayor cantidad de consumos problemáticos

El Informe estadístico y geográfico sobre los dispositivos de prevención y asistencia de la SEDRONAR y otros organismos públicos y privados revela que en el 2016 en la Ciudad de Buenos Aires se efectuaron 4416 consultas vinculadas a diferentes sustancias en la línea 141 de atención telefónica.

Las sociedades modernas nos incitan a un consumo constante que desde muy temprano se ve estimulado en las campañas publicitarias. De esta manera, se genera una dependencia en el consumo de sustancias ya en niños y niñas: golosinas, bebidas azucaradas y galletitas son solo algunos ejemplos. Por otra parte, en la Argentina las continuas transformaciones originadas por los permanentes cambios socioeconómicos, determinaron modificaciones tanto en el ámbito sociocultural como en la organización familiar, incidiendo en poco tiempo en una creciente expansión del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes. En este marco, el creciente aumento en el consumo de sustancias psicoactivas se vio favorecido por la ausencia de políticas coordinadas y efectivas de prevención, protección, intervención, contención, reducción de daños y/o tratamiento. 

A su vez, si bien la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 en su artículo 4º enmarca las adicciones en el ámbito de la Salud Mental, las mismas no son abordadas desde este lugar en el sistema de salud, especialmente en lo que respecta al consumo de sustancias psicoactivas. Esto se traduce en una actitud expulsiva por parte de las estructuras hospitalarias, debido a la falta de capacitación del personal, fallas en la articulación y escasez de herramientas en los dispositivos de atención primaria. En este contexto, las pocas respuestas reactivas al problema nacen de organizaciones no gubernamentales (ONG) o entidades privadas, siendo por lo mismo insuficientes para abordar una problemática por demás compleja.  

Proceder a un abordaje integral, teniendo como ejes la prevención, la asistencia, el fortalecimiento de los espacios territoriales y las herramientas comunitarias para prevenir el consumo problemático requiere de un diagnóstico exhaustivo, propio de la Ciudad de Buenos Aires y enmarcado en el contexto nacional e internacional. La información y estadísticas que se presentan a continuación no sólo son escasas para la elaboración de un diagnóstico que sustente políticas públicas acorde, sino que además encontramos una ausencia de datos específicos de CABA, ya que la mayoría de los datos pertenecen a organismos nacionales e internacionales.  

La Argentina se encuentra entre los países con las tasas más altas de consumo en alcohol de América con un 52%, de acuerdo al informe de la OEA sobre consumo de drogas en las Américas. Por su parte en el año 2017 la SEDRONAR, en el estudio nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas, refleja que el 81% de las personas tomaron alguna bebida alcohólica en su vida y unas 2.299.598 personas comenzaron a beber en el último año, de las cuales unas 320.000 son preadolescentes y adolescentes. El estudio revela que el 5,3 % de la población entre 12 y 65 años consumió cocaína alguna vez en su vida, lo que implica un incremento del 100% con respecto al estudio del 2010. El aumento del consumo de drogas ilegales al menos una vez en la vida en los últimos años es alarmante: en comparación con el año 2010 se triplicó el mismo entre adolescentes. 

Respecto a la Ciudad de Buenos Aires, la ausencia de estadísticas que permitan un diagnóstico eficaz se suma al abordaje desarticulado desde diferentes sectores y con distintos criterios. Esto hace aún más alarmante la situación. En este sentido, el presente proyecto de ley se fundamenta en la preocupación que genera el aumento del consumo de sustancias psicoactivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las alarmantes consecuencias de esta problemática.

El Informe estadístico mencionado que la gran mayoría de los llamados se concentran en los barrios de Almagro, Abasto, Caballito, Flores, Palermo, Villa Lugano, Villa Urquiza, Balvanera, Barracas, Barrio Norte, Belgrano, La Boca, Centro, Floresta, Villa Soldati, Pompeya, Mataderos. Las sustancias por las que se recibieron mayor cantidad de consultas son: alcohol, cocaína, marihuana, pasta base, tabaco y tranquilizantes. En menor medida se ha consultado por estimulantes, paco, inhalantes y alucinógenos.

En relación al consumo, dicho informe refleja que, respecto de la población de 16 a 65 años, las sustancias psicoactivas con mayores niveles proporcionales de consumo en el último año son las bebidas alcohólicas (83%), el tabaco (28%), la marihuana (10%), otras sustancias ilícitas (pasta base, éxtasis, inhalables, opiáceos y anestésicos, anorexígenos, crack y alucinógenos) (1,76%) y finalmente cocaína (1,12%). En el contexto nacional, el consumo reciente de alcohol en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra significativamente, cerca de 17 puntos porcentuales, por encima de la media total país (66,18%), ubicándose como el distrito con mayores niveles de consumo reciente de esta sustancia en el país. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es, también, el distrito con mayores niveles de consumo de marihuana (9,73%) en el último año, casi 7 puntos porcentuales por encima de la prevalencia a nivel nacional (3,19%). Un escenario similar arrojan los valores respecto del consumo de cocaína reciente (1,12%), que nuevamente colocan a la Ciudad como la jurisdicción de mayor consumo, por encima de la media nacional (0,68%). 

Según la encuesta sobre consumo de sustancias en estudiantes de nivel medio del 2016, el 66% afirmó haber consumido drogas legales (64% alcohol y 28% tabaco) en el último año y el 23% sustancias ilegales, prevaleciendo el consumo de marihuana. Asimismo, casi la mitad de los estudiantes (45%), aseguran haber “tomado más de la cuenta” más de tres veces en el último mes. Es importante señalar que el inicio temprano del consumo de sustancias psicoactivas produce daños irreversibles tanto a nivel psíquico como físico. Por lo tanto, los y las adolescentes constituyen una población de riesgo y, en este sentido, deberían llevarse adelante políticas públicas orientadas a prevenir y retrasar el consumo.

Por otro lado, de acuerdo al Boletín estadístico del perfil de pacientes asistidos, transferencias por subsidios a tratamiento y línea de atención 141 I trimestre de 2018 de SEDRONAR cerca del 90% del total de los pacientes del primer trimestre de 2018 pertenecen a la Provincia de Buenos Aires y CABA. Sobre un total de 2.626 asistidos CABA aporta 750 pacientes, seguido por GBA zona sur, con 585 pacientes, GBA zona oeste, con 428, GBA zona norte, con 359 asistidos y las localidades del interior de Buenos Aires aportan 207 pacientes al total.

Asimismo, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA aporta datos alarmantes en cuanto a los consumos problemáticos en todo el país y, en particular, en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de cifras correspondientes al período 2010-2016: nuevamente aquí, la ausencia de estadísticas públicas confiables posteriores demuestra el problema señalado más arriba de ausencia de herramientas suficientes para dimensionar la problemática. 

Si se toma el grupo etario que va de los 14 a los 25 años, la CABA es, luego del Gran Buenos Aires, donde más hogares presentan un miembro de la familia con problemas de adicción a las drogas. Y entre el grupo que va desde los 26 a los 44 años, la Ciudad se ubica en un plano de igualdad con el Conurbano bonaerense, pese a que la Ciudad posee una población considerablemente inferior.

Según el mismo estudio, a partir de aplicar los porcentajes a los datos de población del Censo 2010, haciendo foco entre la población adolescente y joven, el porcentaje que consume drogas de forma problemática es, nuevamente, sólo inferior al del Gran Buenos Aires. En números concretos, la Ciudad tendría 24.554 jóvenes con problemas de drogas, alcohol o ambos a la vez.

En lo que respecta a la adicción al alcohol, los consumos problemáticos no son ajenos a las desigualdades que experimentan algunos sectores, donde las dificultades también se enlazan a otras privaciones (derechos básicos, acceso a la vivienda, trabajo, salud, etc.). A pesar de esto, uno de los aspectos más acuciantes es la casi inexistencia de centros de ayuda, asistencia,  prevención y/o reducción de daños para los sectores vulnerables. 

Las estadísticas son claras en cuanto a la magnitud colectiva del problema. Sin embargo, la mayoría de estas estadísticas se centran en la droga y no en las diferentes dimensiones del fenómeno, lo que vislumbra un discurso demoníaco de la sustancia psicoactiva que se traduce en un abordaje prohibicionista que no contempla que “las drogas más peligrosas son legales y bien recibidas por la comunidad”, como es el caso del alcohol, una sustancia promocionada a toda hora y cuyas campañas publicitarias se dirigen especialmente a los jóvenes. 

Ahora bien, detrás de cada dato, de cada número, hay una persona y un núcleo primario que necesitan una respuesta efectiva por parte del Estado. Las consecuencias de una adicción duradera son marcas graves que repercuten en el presente, pero también el futuro del individuo. El consumo problemático afecta la salud física y psíquica del usuario, genera consecuencias adversas sociales, profesionales, legales, médicas y/o interpersonales tales como: grandes gastos económicos para la obtención de las sustancias, la posibilidad de pérdida del empleo y dificultades en las relaciones interpersonales. De acuerdo con esto, no podemos considerar el problema de forma aislada, resulta central tanto a la compresión como a la atención del problema el contexto socio-cultural en el cual las adicciones se insertan, desarrollan y tienen efectos sobre las personas y sus relaciones sociales.

El consumo de sustancias psicoactivas no distingue entre clases sociales, género o etnia, pero sí la falta de abordaje estatal en los sectores más desfavorecidos y la invisibilización de las mujeres con problemas en el consumo de sustancias genera expresiones y consecuencias distintas en las personas con consumos problemáticas de sustancias psicoactivas. En este marco, podemos comprender  cómo la violencia y la inseguridad podrían verse agravados ante los efectos del consumo, “los objetivos, sus valores y los lazos de unión del consumidor pasan a estar subordinados a la utilización de la droga. No pueden controlar su vida con eficacia. Pasan a estar sujetos a un círculo vicioso de craving o deseos irrefrenables por consumir, cambios precipitados del estado de ánimo y mayor angustia, que sólo puede ser aliviada inmediatamente por la utilización de nuevo de las drogas”(Beck, Aaron, Terapia cognitiva de las drogodependencias, Barcelona, Paidós, p.46). 

Al respecto, del informe sobre Jóvenes, Delito y Justicia Penal ejecutado en 2017 por la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación surge, sobre 2.000 encuestas realizadas a jóvenes que se encontraban en tratamiento por adicciones en establecimientos nucleados en FONGA, que el 63% refirió haber cometido delitos de los cuales el 87% fueron robos. En cuanto al inicio en el consumo, de dicha muestra se reveló que el 45% inicio el consumo de alcohol entre los 7 y 13 años y en la misma etapa etaria un 37% el consumo de drogas. Sobre el total de los encuestados, hasta los 25 años, se relevó qué  555 obtenían el dinero para comprar drogas por medio de robos o hurtos, 393 por el trabajo, 182 pide dinero, 135 por robo o hurto a algún familiar, 59 vende sus cosas, 55 vende drogas y 26 a través de la prostitución. 

Por otro lado, no puede ignorarse que la persona es víctima de un sistema que la expulsa y los expone a la estigmatización por parte de la sociedad, ya que prevalece una representación ligada a la desviación, la peligrosidad y la potencial relación con hechos delictivos y de inseguridad ciudadana. Esta estigmatización se sustenta en nuestro sistema a través de la Ley de Estupefacientes Nº 23.737 que persigue penalmente a los consumidores y los considera un eslabón de la cadena de narcotráfico. Reflejada en los datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) que indica que 7 de cada 10 causas iniciadas por violación de la Ley de Estupefacientes corresponden a casos de detención con sustancias para uso personal. 

El abuso de sustancias problemáticas repercute en cada uno de los vínculos, recreando o generando un entorno inestable en donde se hacen evidentes situaciones disfuncionales de orden personal, familiar o grupal. Se genera una ruptura en los lazos sociales que afecta su red de contención, Como consecuencia de esto muchas veces se da un proceso de exclusión social, que profundiza la situación del consumo y dificulta su abordaje aún más. Situación que en nuestro país se profundiza en tanto “las personas que ven su vida complicada por el uso problemático de sustancias y desarrollan una adicción no encuentran sistemas de tratamiento dinámicos y amigables en términos asistenciales. Por el contrario, el derrotero de ellas por los servicios de salud mental suele ser un viaje doloroso de incomprensión, estigma y rechazo. Listas de espera interminables, expulsión de las guardias de emergencia, ausencia de programas específicos para personas en consumo y carencia de profesionales entrenados en adicciones son algunos ejemplos.” (Federico Pavlosky, Tratamiento Ambulatorio Intensivo, Buenos Aires, p.26). Es decir, el propio sistema de salud genera barreras que terminan expulsando a las personas a instituciones que muchas veces no dan una atención profesionalizada como es el caso de algunas comunidades terapéuticas. 

Esta es una problemática grave y compleja que afecta la salud de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y requiere de un abordaje transversal e integral, donde se articulen políticas en materia sanitaria, educativa, social y laboral que involucren a todos los actores sociales: el Estado en todo su conjunto, la familia, la comunidad, las organizaciones sociales y los entes privados; es decir a la comunidad en su conjunto, es decir el trabajo en red. Un abordaje integral de la problemática que tenga en cuenta tanto a la persona, como a la sustancia y al contexto. Se trata en definitiva de comenzar a transitar un nuevo camino en materia de políticas públicas sobre consumos problemáticos. Un cambio de paradigma en el abordaje a los sujetos con consumos problemáticos para pasar de una lógica represiva y prohibicionista que los trata como delincuentes a una lógica preventivo-sanitaria de reducción de daño que los tratará como sujetos con problemas que necesitan de la ayuda y no de la criminalización del Estado. 

En ese camino se encuentra nuestro país, fruto de haber sancionado la Ley Federal 26.934, que crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (IACOP), cuyos objetivos delimitados en el artículo 3° son: a) Prevenir los consumos problemáticos desde un abordaje intersectorial mediante la actuación directa del Estado; b) Asegurar la asistencia sanitaria integral gratuita a los sujetos afectados por algún consumo problemático; c) Integrar y amparar socialmente a los sujetos de algún consumo problemático. 

Esta ley pretende venir a sumar a este camino, contribuyendo a la búsqueda de políticas públicas que enmarcadas en la Ley Nacional de Salud Mental, puedan dar respuesta a esta problemática que afecta negativamente la salud física y/o psíquica de las personas. Será un diagnóstico exhaustivo el que nos permita determinar la mejor manera de abordar una problemática compleja que requiere tanto de la prevención como de la asistencia de profesionales capacitados que puedan generar la motivación necesaria para que cada persona que se encuentran atravesadas por esta problemática quiera realizar un tratamiento adecuado. Asimismo, no podemos pensar en soluciones efímeras o aisladas, nuestro sistema de salud debe poder dar una respuesta institucional a toda aquella persona que ingresa al sistema de salud, contando con una red de instituciones acordes a la cual toda persona pueda ser derivada. 

Asimismo, el Gobierno Nacional en el año 2016 declaró la Emergencia en Materia de Adicciones, haciendo hincapié en el reconocimiento al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Esta emergencia, dispuesta mediante Decreto PEN n.° 1429/2016, estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2018.

Finalmente, cabe destacar que la Constitución de la Ciudad y los tratados internacionales con jerarquía constitucional federal garantizan el derecho a la salud de todos los habitantes. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha explicado que el Estado “está obligado a ‘proteger la salud pública’ (Fallos: 31:273) pues el derecho a la salud está comprendido dentro del derecho a la vida, que es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que, obviamente, resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional.” (Fallos: 302:1284; 310:112). Así entendió que en el Preámbulo de la Constitución Nacional ‘ya se encuentran expresiones referidas al bienestar general, objetivo preeminente en el que, por cierto, ha de computarse con prioridad indiscutible, la preservación de la salud’ (Fallos: 278:313, considerando 15)” (“Asociación Benghalensis”, Fallos, 323:1339)

En virtud de lo expuesto, resulta menester la adopción de medidas que impulsen el diseño de políticas públicas que aborden de manera integral e interinstitucional la problemática del consumo de sustancias psicoactivas teniendo como ejes la prevención y asistencia, así como la inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas por esta problemática desde un abordaje de reducción de daño. Para ello es clave dotar al Poder Ejecutivo de una herramienta legal que le permita dirigir los mayores esfuerzos posibles al abordaje de esta situación.