Alimentación saludable en las escuelas porteñas

La provisión de alimentos destinados al desayuno, almuerzo y refrigerio en escuelas que comprenden a la Comuna 3 plantea un debate con distintas perspectivas.

La Ley 3704 “Promoción de alimentación saludable, variada y segura de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar” sancionada el 13 de diciembre de 2010, establece en su artículo 1º que es su objeto promover la alimentación saludable, variada y segura de los estudiantes de la Ciudad a través de políticas de promoción y prevención.

Se entiende por saludable aquella alimentación que incluye una cantidad equilibrada de macro y micro nutrientes, acorde a los requerimientos nutricionales de cada individuo. Se entiende por variada a aquella alimentación que incluye todos los grupos de alimentos, asegurando el equilibrio de nutrientes y por segura aquella que minimiza los riesgos sanitarios, a partir del control de los alimentos y la aplicación de las buenas prácticas de manufactura.

La Ley establece que la autoridad de aplicación “debe elaborar pautas de alimentación saludable (PAS) específicas para los establecimientos educativos teniendo en cuenta los estándares difundidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), organizaciones y profesionales especializados”. Una vez determinadas las PAS, los servicios de comedores escolares que se brindan en instituciones educativas de gestión estatal deben cumplir con las mismas y, las de gestión privada adecuarán sus menúes a las PAS, los que serán homologados por la autoridad de aplicación.

El decreto 1/GCABA/2013 señala que “existe una relación directa entre la correcta alimentación del individuo y su estado de salud, considerada esta última no sólo como ausencia de enfermedad, si no como calidad de vida, ambiente propicio y buenos hábitos, entre ellos los alimentarios”.

En el presupuesto 2016 la partida destinada al Programa 51, del Ministerio de Educación, Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria preveía 83.680.775 raciones alimentarias como meta física y, para el 2017 establece como meta 79.376.326 raciones alimentarias.

A pesar de los controles que el Gobierno de la Ciudad viene desarrollando de los servicios de comedores escolares en el ámbito público, diversos informes de auditoría señalan la existencia de mecanismos de puntaje en el PBC que atentan contra el principio de libre competencia, concurrencia e igualdad que debe regir en las contrataciones públicas; que las plantas de elaboración incumplen con las disposiciones vigentes en cuanto a Seguridad e Higiene Alimentaria; que los alimentos distribuidos tienen características organolépticas inadecuadas para ser consumidos en establecimientos educativos.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realizó recomendaciones sobre las viandas escolares y la manipulación de la comida y decidió iniciar una actuación de oficio para investigar el posible brote  de gastroenterocolitis en escuelas porteñas, si bien no hubo denuncias concretas, durante 2016, para investigar y contribuir a evitar la situación en colegios de la Ciudad.

Los pliegos de Bases y Condiciones Particulares correspondientes al período 2014/2016 establecen en su artículo 35 que “El adjudicatario deberá instrumentar en todos los establecimientos educativos, controles de laboratorio”, lo que significa que los controles bromatológicos mediante muestreo quedan en manos de las propias empresas prestatarias del servicio, lo que a criterio de la Auditoria de la Ciudad de Buenos Aires no es suficiente para garantizar el éxito de la aplicación de las Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) de alimentos y asegurar alimentos aptos para el consumo ya que no existe un control por oposición de intereses.

En referencia al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la AGCBA, señala que perduran algunas cláusulas que deberían reformularse para fomentar la libre competencia, concurrencia e igualdad, así como desventajas para con aquellos que hubieren incumplido con algunos aspectos de la prestación.

Los proveedores de bienes y servicios para comedores escolares en instituciones educativas de gestión estatal se encuentran obligados a cumplir con las PAS y GABS y, si bien, su incumplimiento es considerado como falta grave el informe de la AGCBA señala que “en la mayoría de los casos se detecta el labrado de la correspondiente acta al concesionario, se desconoce la causa por la cual el trámite de aplicación de penalidades no llega a su instancia final, esto es la efectiva aplicación de la misma y la publicidad de los actos administrativos que lo imponen, lo cual atenta contra el mejoramiento del servicio aumentando la posibilidad de perpetuidad de los adjudicatarios que brindan un servicio deficiente.

En este contexto es necesario conocer los nombres de las empresas prestatarias en  los periodos 2014-2016 y 2017-2018; detallando titulares, accionistas, domicilio real, domicilio legal y última acta de designación de autoridades, y qué sanciones fueron aplicadas a las empresas prestatarias en esos periodos.