A un año del desastre anunciado

El 22 de febrero del año pasado, los medios difundían la noticia. Diarios, noticieros y programas radiales volvían a titular “tragedia” y “accidente” a un hecho que pudo haberse evitado. En las redes sociales aparecían las fotos más tremendas que conmovían a todo el país. Once otra vez se convertía en el escenario donde reina la corrupción, la muerte y la impunidad.  ¿Qué cambio a un año de la tragedia anunciada?

52 muertos y más de 700 heridos. ¿Quiénes? Otra vez lo sectores populares. Trabajadores y estudiantes que viajaban en el tren de la línea Sarmiento que no pudo frenar y se estrelló contra la cabecera del andén 2 de la estación de Once. Muertes hijas de la corrupción que duelen en lo más hondo, como duelen los pibes de Cromagnon.

Con el choque, comenzaba a desnudarse no sólo la falta de control de la Secretaria de Transportes, sino la trama oculta de los negociados que existen entre el Gobierno Nacional y el Grupo Cirigliano. Un mismo hilo conductor, parecía unir la masacre de Once con el asesinato de Mariano Ferreyra: la complicidad de empresarios, funcionarios de gobierno y empresarios, privatizaciones y corrupción, a costa de los trabajadores y usuarios.

Desde hace 12 meses, el mensaje viene siendo profundo y firme: los familiares vinculan las muertes producidas con la corrupción del Estado. Ahora, dieron un paso adelante en su lucha por justicia. En los últimos días, se conoció la noticia de que el juez Claudio Bonadio elevó la causa a juicio oral.

Y sí, los ex secretarios de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, están en la lista de imputados. En la lista completa figuran los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, el ex titular de la Comisión Nacional del Regulación del Transporte (CNRT), Antonio Sícaro, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna. También imputaron al maquinista Marcos Antonio Córdoba.

Pero hay un gran ausente. Julio De Vido, hasta ahora, fue dejado fuera de la causa aunque estaba a cargo de la Secretaria de Transporte en el momento del choque. Y el mismo juez que eleva la causa a juicio oral es el que permitió que De Vido (en nombre del estado) sea querellante como si fuera víctima en el proceso y es el que cambió el estrago de doloso (con intencionalidad) a un estrago culposo. Por eso, los familiares exigen justicia para todos, y en serio. ¿Alguien pudo no darse cuenta de que se robaban 3 mil millones en subsidios?

“Las pericias comprueban –señaló Paolo Menghini- la responsabilidad de los funcionarios y empresarios en la masacre”. Y afirmó que “son absolutamente contundentes al demostrar la falta de control, de mantenimiento y la dilapidación de recursos”. La mamá de Lucas, María Luján Rey, dijo en el acto realizado a los 11 meses del choque: “El 22 de febrero pedimos justicia por los que no están y por los que quedamos y tenemos que seguir siendo victimas de la corrupción”.

Es que “la tragedia de Once nace del delito organizado, es hija de los subsidios sin control estatal y del sindicalismo corrupto”, explicó el diputado Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur), al presentar junto a familiares de la masacre y otras fuerzas políticas, un proyecto de ley para reconstruir el sistema ferroviario, en el mes de noviembre último. “Ningún gobierno realizó un control de los materiales concesionados, y esto significó una pérdida patrimonial para la Nación de terrenos y bienes ferroviarios”, agregó.

El proyecto presentado por Solanas prevé la reconstrucción del sistema ferroviario a partir de la creación de una empresa pública con representación de usuarios y trabajadores, tanto en su administración y control. La puesta en funcionamiento de los principales talleres e industrias conexas al ferrocarril. La creación del Centro Federal de entrenamiento y tecnología ferroviaria entre otros.

¿Y cómo encaja Leonardo Andrada en este rompecabezas? ¿Sería un hombre que sabía demasiado? “Es muy llamativo lo que ha pasado”, dijo secretario general de la seccional Haedo y delegado de la Línea Sarmiento Rubén Pollo Sobrero, refiriéndose al asesinato de este testigo clave en la causa porque fue el mótorman que le entregó a Marcos Córdoba la formación. Edgardo Reynoso, delegado de la Unión Ferroviaria, aseguró en sus declaraciones a distintos medios que “es una situación bastante oscura, es imprescindible una investigación profunda”.