A dos años de la expulsión, los manteros siguen en Once y endurecen el Código Contravencional

Hay vecinos que dicen que los puesteros están en crecimiento y que las autoridades no hacen nada. Los vendedores ambulantes dicen que hay operativos policiales violentos y lo ligan a una cuestión de racismo.

El aniversario se va a cumplir en algún enfrentamiento o represión. Hace dos años que el Gobierno de la Ciudad, con su entonces flamante Policía de la Ciudad, desalojó a los manteros de Once, pero, como en el tango, ellos nunca se fueron porque siempre están llegando. 

Es verdad que no están las tolderías ni carpas las 24 horas en los alrededores de la estación cabecera del tren Sarmiento, en Mitre y Pueyrredón. Sin embargo, los puesteros se las rebuscan para reducir dimensiones y ocupar lo justo y necesario de la vía pública, en caso de que haya que empacar y salir corriendo. 

Se trata de un conflicto que sigue latente y tiene a dos sectores sociales bien definidos: vecinos y propietarios que se quejan por la ocupación del espacio público, la suciedad, la competencia desleal de vender en la calle sin pagar impuestos; por el otro lado están los manteros y vendedores ambulantes que hacen valer su derecho al trabajo, agregan que hay un dejo de xenofobia por parte de autoridades oficiales e incluso de quienes los quieren lejos de las calles de Once. 

La postura de los vecinos se hace manifiesta en encuentros con autoridades judiciales y policiales. Es el caso del Foro de Seguridad de la Comuna 3, tal como informó este medio en varias oportunidades.

Allí se escuchan comentarios de este tipo: “No podemos salir de nuestras casas y comercios, tenemos que caminar por la calle. Es imposible andar por las veredas”, declara una vecina de avenida Pueyrredón al 200.

La ONG local Buenos Vecinos BA, que sigue el tema y participa de encuentros como el Foro, señala: “De domingo a domingo, se produce el uso indebido del espacio público por parte de los manteros. El Estado porteño parece mirar para otro lado, los inspectores del Gobierno de la Ciudad están parados en esquinas y sus camionetas estacionadas muestran una presencia que molesta al vecino por la pasividad”.

“Ellos argumentan que no pueden actuar sin policías acompañando porque son agredidos. Por su parte, los policías dicen que no pueden secuestrar mercadería si no hay presencia de inspectores. Cuando se juntan en operativos, el resultado es tibio. Pareciera que no existe una decisión política clara de despejar las veredas de Once. Los manteros volvieron para quedarse”, añadieron.

Su hipótesis es que las fuerzas de seguridad no hacen lo suficiente como para disuadir a los manteros. Sin embargo, los puesteros denuncian feroces represiones policiales, que casi siempre terminan con heridos de distinta gravedad. 

Sobre este asunto han intervenido distintas entidades como la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura porteña, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), entre otros. 

La entidad Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO) expuso: “La furia y odio de Larreta. Días después que Alberto Fernández asumiera como presidente, Rodríguez Larreta inició un mega operativo policial que continúa y que hasta el momento lleva una veintena de vendedores detenidos, 4 heridos producto de la represión policial, y en procedimientos ilegales más de un centenar de vendedores robados su mercadería y su dinero. Vecinos son hostigados por policías para evitar filmaciones”.

En la víspera de un nuevo aniversario de la expulsión de los manteros de Once, el conflicto suma una nueva arista. El jueves 5 de diciembre, vendedores ambulantes y manteros hicieron protestas frente a la Legislatura porteña durante la votación de un proyecto para modificar el Código Contravencional, endureciendo algunos aspectos. En la puerta del palacio legislativo de Perú 160 interpretaron que este endurecimiento es una herramienta más para impedir su trabajo.

Desde la entidad Vendedores Ambulantes Independientes de Once señalan: “El proyecto de ley que se tratara en la Legislatura Porteña pretende detener contraventorxs, llevarte detenidx por una simple falta municipal”.

“Aunque la constitución porteña lo prohíbe, 5 días antes de perder la mayoría parlamentaria en la legislatura porteña, Larreta avanza probablemente con la reforma más represiva contra las libertades individuales”, sumaron. “Este proyecto no sólo atenta contra las trabajadoras sexuales sino también con lxs vendedorxs ambulantes, protestas callejeras, libertad de prensa, la libertad de opinión”.

“Larreta quiere tener su propio Código Penal en la ciudad de Buenos Aires, lxs Trabajadorxs del espacio público debemos estar en estado de alerta y organizadxs para frenar en unidad este nuevo avance represivo”, cerraban.

La norma se aprobó de todos modos, no sin generar cortocircuito entre integrantes del bloque oficialista Vamos Juntos e incluso con bloques aliados como Evolución. Leandro Halperin, abogado e integrante de esta última bancada, reprocho que la modificación al Código Contravencional conlleva la “restricción de derechos para los más débiles” y la resolución de conflictos sociales “con la utilización del derecho penal”. 

La jefa del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, recordó que “es la cuarta o quinta vez que se reforma el Código Contravencional” y que “apenas tuvimos cuatro días para estudiar los expedientes en la Comisión”. Consideró que los cambios propuestos son “regresivos e inconstitucionales”. 

Quien era presidente del bloque oficialista al momento de la votación, Daniel Presti, dijo que no se viola ningún derecho constitucional con estos cambios. 

Fuentes oficiales defendieron: “Se trata de una modificación que surge a partir de la búsqueda de los mecanismos necesarios para dotar de nuevas y modernas herramientas a la justicia local. Ellas traerán la agilidad de los procedimientos de flagrancia combatiendo de esa manera los procesos lentos y la burocratización del servicio de justicia en hechos previstos en el código de fondo”, se apuntó en los fundamentos del despacho emitido por las Comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales que estuvo en las bancas para el tratamiento preferencial solicitado por el oficialismo.

También se aludió a que “en la actualidad la sociedad exige que frente a un hecho disvalioso la Justicia brinde una solución rápida, con un procedimiento ágil. Es por ello que se propone modificar el trámite de las medidas precautorias, garantizándose los derechos de la víctima y victimario pero brindando desde la Justicia una respuesta rápida y eficaz en el Procedimiento Contravencional”. Sostuvieron que “se le da al justiciable la certeza de la finalización del proceso descartado su estado de incertidumbre en el tiempo”.