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Feb 10

Reclaman presencia de agentes con conocimiento en Lengua de Señas Argentina (LSA).

Especialistas consideran que no se cumple con la obligación de integrar a las personas con discapacidad auditiva a la sociedad para que puedan llevar una vida normal sin mayores complicaciones en cuanto a su desenvolvimiento cívico.

Especialistas en la materia advirtieron sobre el hecho de que personas que ya adolecen de una discapacidad vean sus impedimentos exacerbados y acentuados por la falta de políticas y compromiso por parte del Estado, que se agrava por el hecho de que existen, a falta de una, dos leyes orientadas a revertir esta realidad.

En su respuesta, el Poder Ejecutivo informó que entre el 11 de junio de 2015 y el 19 de diciembre de 2016 se han dictado cursos de Capacitación Básica en Lengua de Señas Argentina en once dependencias del estado.

El número total de empleados capacitados en este período fue de 447 (cuatrocientos cuarenta y siete). Si bien parece comprensible hay que examinar la dimensión  de la estructura estatal en cuanto a: Hospitales, Escuelas, CeSACS, CPIs, Obras Sociales, Ministerios, Sedes Comunales, Áreas de Atención, Defensa al Consumidor, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Instituto de Vivienda, entre cientos y cientos de otras dependencias, que suman miles y miles de empleados.

El 3 de agosto del año pasado la Legislatura de la Ciudad aprobó la resolución 190/2017, por medio de la cual se hace un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de las leyes 732 que establecen la obligación al Gobierno de la Ciudad de contar en cada dependencia con un agente capacitado en Lengua de Señas Argentina para cumplir con las tareas de integración.

Como sociedad es indispensable rever la forma de relacionarse tanto del Estado como entre los individuos respecto a personas con discapacidades, y especialmente como Estado y miembros de su estructura asumir la obligación de que es su responsabilidad como actores protagónicos de la organización de la vida en sociedad y democracia el garantizar y generar los medios para lograr una verdadera inclusión.

En este contexto, a la luz también de que suman once dependencias donde se dictaron varios cursos, resulta minúscula la acción capacitadora del Gobierno en relación a lo que exigen las leyes sancionadas por la Legislatura.

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